Impasse por fallo de la Corte Suprema

El pleno de la Corte Suprema ha manifestado su “total, absoluto y decidido rechazo a las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente”, quien a principios de esta semana calificó de errado el razonamiento seguido por la Tercera Sala del máximo tribunal que en fallo unánime rechazó la central termoeléctrica Castilla. A juicio del pleno de ministros, las afirmaciones emitidas por la secretaria de Estado “constituyen afectación de la independencia y autonomía de los tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, las que se hallan constitucionalmente garantizadas y que se erigen como condiciones indispensables para el mantenimiento de la estabilidad democrática y el estado de derecho”.



Con el episodio de ayer se ha escrito un nuevo capítulo de divergencia entre estos dos poderes del Estado, el cual, por cierto, no ayuda a atenuar el clima de inquietud que han expresado inversionistas extranjeros sobre la estabilidad jurídicas y la claridad de las reglas del juego en diversos ámbitos, en especial el energético. La guerrilla de declaraciones sólo encapsula a las partes, genera distancias y recelos y, en el largo plazo, no avanza en la dirección de despejar el tema de fondo, a saber, si no será posible acotar los espacios de incertidumbre en la aplicación de los marcos legales y normativos vigentes en el país.

Esa es la discusión que debe realizarse responsablemente, sin pasión, con altura de miras y respeto a la Constitución y las leyes. Más allá de las adhesiones partidarias, no se puede desconocer que la incertidumbre jurídica ha sido advertida por numerosos agentes económicos, cuestión de la cual no se puede desentender la clase política.