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Alto contrasteLa Tercera Sala de la Corte Suprema, en un fallo unánime difundido ayer, resolvió acoger los recursos presentados por comunidades agrícolas opositaras a la instalación de la central termoeléctrica Castilla en la Región de Atacama. El efecto práctico de la resolución que declara ilegal el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, es que queda rechazada la construcción de esta millonaria inversión ligada a la brasileña MPX, perteneciente al empresario Eike Batista, y obliga a reiniciar el proceso de evaluación, ingresando el proyecto como una sola unidad y no en dos bloques, a saber, la central y el puerto.
Los promotores de esta inversión, que totaliza US$ 5.000 milllones, declararon tras el fallo tener la convicción de que la tramitación gestionada ha cumplido cabalmente las normativas ambientales vigentes, no obstante lo cual el revés sufrido en la corte les impone reevaluar la estrategia de negocios en Chile, pronunciamiento que trasunta un grado de frustración con las complicaciones sufridas a lo largo de los años en que se ha empujado el proyecto.
Cálculos privados han estimado en unos US$ 100.000 millones la cartera de proyectos mineros para las próximos años, inversiones que son altamente dependientes de la disponibilidad de energía. En un país en que el costo de ésta es considerablemente alto respecto de competidores regionales y en donde diversos expertos han detectado problemas de fragilidad en el suministro, urge una política de Estado que, sin desconocer los necesarios procesos administrativos y ambientales, dé certeza jurídica y haga más expeditas las inversiones que tanta falta hacen.
