Una inesperada secuencia de acontecimientos que acaecieron en el lapso de nueve días culminó esta semana con dos noticias que sorprendieron tanto al sector empresarial como al mundo político: primero, la anulación del proceso de licitación de reservas de litio adjudicadas a SQM y, en segundo lugar, la consecuente renuncia del subsecretario de Minería, Pablo Wagner, quien lideró el proceso en reemplazo del titular de la cartera debido a su decisión de inhabilitarse por tener conexiones familiares con un alto ejecutivo de uno de los postulantes (SQM).
La decisión de anular el proceso de licitación se adoptó tras la reclamación de uno de los postulantes que quedó en carrera y que esgrimió que la firma ganadora mantenía litigios pendientes con el Estado, situación en conflicto con lo expresamente estipulado por las bases del concurso. De esta forma, y pese que aún hay aspectos por zanjar, se estima que el proceso volvería a fojas cero, obligando a diversas autoridades de gobierno a hacer un explícito reconocimiento de errores cometidos en medio de reproches por parte de la oposición de falta de prolijidad.
Quizás esto último es lo más delicado del asunto, ya que se trata de un proceso que se desarrolló con amplia promoción internacional y en donde entre los postulantes hay corporaciones externas relevantes en la actividad minera. Es cierto que es mejor haber enmendado a tiempo en lugar de exponerse a reclamaciones que prometían ir en aumento, pero también es cierto que en las semanas y jornadas previas a la adjudicación hubo señales de alerta que no fueron atendidas oportunamente y que habrían evitado esta situación.