A una semana de que asuman las nuevas autoridades de gobierno, el mapa de expectativas económicas parece estar corriendo por un carril distinto del de las expectativas ciudadanas. A medida que las cifras económicas se han ido enfriando en el plano interno, lo que se ha expresado en los datos mensuales de actividad y, recientemente, también de empleo, las encuestas que miden el estado de ánimo de los inversionistas y agentes económicos se han consolidado en niveles moderados y menos alentadores.
De otro lado, con un alto nivel de expectativas en la pasada elección presidencial la ciudadanía optó mayoritariamente por una candidatura que se ha planteado materializar una profunda agenda de reformas institucionales, políticas y económicas, en donde las dimensiones tributaria, constitucional, educacional y previsional tendrán un rol protagónico.
De esta forma, el cuadro que se ha conformado no deja de representar cierta complejidad, ya que algunas encuestas han constatado que existe preocupación a nivel de agentes económicos sobre los espacios de incertidumbre que abre una agenda de cambios institucionales tan ambiciosa como la mencionada en tiempos de ralentización de la economía.
Las nuevas autoridades enfrentarán entonces una disyuntiva no menor a la hora de conciliar las promesas de campaña con la necesaria exhibición de resultados económicos, en especial porque al mundo en su conjunto le irá bien. La forma en que se ejecute la estrategia legislativa será clave, de modo de despejar lo antes posibles los flancos de duda que pudieran existir en el proceso de toma de decisiones de inversión.