Estrategia Nacional del Litio: un camino discutible

Existe consenso transversal sobre la necesidad de aprovechar la ventana de oportunidad que ofrece el litio para Chile. El año pasado la mayor demanda se reflejó en un inédito aumento en el precio de este metal, que a su vez le representó al Fisco ingresos extraordinarios por sobre los US$ 5 mil millones. Ello ha despertado un gran interés por acelerar el desarrollo de esta industria, de manera de no quedarse atrás respecto de los avances que ya se observan en otras economías, respecto de los cuales estamos perdiendo posiciones, a pesar de ser el nuestro uno de los países con las mayores y mejores reservas de litio en el mundo.

Para abordar este desafío el Gobierno anunció el jueves pasado la esperada propuesta de Estrategia Nacional del Litio, que en lo productivo propone fundamentalmente la creación de una empresa estatal que participe en todo el ciclo industrial de este mineral, desde el catastro y la explotación hasta el desarrollo de nuevas etapas industriales, culminando posteriormente con una etapa de reciclaje.

Subyace a esta propuesta la visión voluntarista de un Estado-emprendedor, donde el rol de la empresa privada es necesariamente secundario.

Pero considerando que actualmente ya hay dos empresas que están operando en el Salar de Atacama en el marco de contratos de arrendamiento suscritos con la Corfo (SQM y Albemarle), con fecha de expiración los años 2030 y 2043, respectivamente, la propuesta contempla también la opción de que estas empresas se asocien con Codelco antes de que venzan los contratos, buscando una asociación que permita continuar explotando las pertenencias actualmente bajo arriendo, en un contexto en que el control mayoritario de la nueva sociedad lo tendría el Estado. Por último, en aquellos salares donde Codelco y Enami ya se encuentran desarrollando proyectos, se otorgarán contratos especiales de operación, y estas empresas podrán decidir si se asocian o no con actores privados.

Esta estrategia presenta problemas tanto desde la perspectiva de la urgencia que amerita este tema, como del papel secundario que le asigna a la empresa privada en el proceso. Crear una Empresa Nacional del Litio es algo que, de llegar finalmente a aprobarse, va a tardar mucho tiempo y la urgencia es ahora, ya que nada asegura que el ciclo se vaya a mantener o que no aparezcan sustitutos. Delegar la transición en empresas como Codelco y Enami, que hoy enfrentan serias dificultades para desarrollar de buena forma lo que es su giro principal, tampoco parece el camino más adecuado. Más aun cuando el propio ministro de Hacienda admitió el domingo que el Estado “no tiene experiencia en esta industria”.

¿Por qué no aprovechar la flexibilidad que otorga la modalidad de los contratos de arrendamiento actualmente vigentes, introduciendo los ajustes correspondientes, para avanzar con mayor celeridad? Ello ahorraría al Estado cuantiosos recursos que tienen un uso mucho más urgente en la necesidad de atender otras necesidades sociales, obteniendo de paso cuantiosos ingresos adicionales en forma directa, sin asumir ningún riesgo. Hoy, sin invertir en exploración ni capacidad productiva, y sin compartir los riesgos de la propiedad de las empresas, el Estado ya recibe de ellas una parte mayoritaria de las ganancias del litio.

Por otro lado, la señal que se entrega al sector privado es contradictoria con el mensaje de confianza que el propio Presidente Boric transmitió en la Enade el mismo jueves en la mañana, cuando ensalzó las virtudes de la colaboración público-privada. El esquema propuesto es un casi total protagonismo del Estado, que “pondrá visión estratégica de largo plazo en todo el ciclo productivo, desde la exploración hasta la agregación de valor”, mientras que las empresas privadas, con una participación minoritaria “aportarán capital, innovación tecnológica y redes en el mercado”.

Lo anterior ya está generando un intenso debate respecto de si habrá inversionistas privados dispuestos a arriesgar nuevo capital en una empresa controlada por el Estado, el que tendrá la mayoría en los directorios y en las juntas de accionistas para adoptar las decisiones más trascendentales según su propio criterio, eventualmente con el voto en contra de los accionistas privados.

Subyace a esta propuesta la visión voluntarista de un Estado-emprendedor, donde el rol del sector privado es necesariamente secundario. El país ha venido perdiendo liderazgo en la producción de litio por varios años y existe el riesgo de que esta estrategia agrave esa tendencia, tal vez cerrando una ventana de oportunidad que podría ser histórica. Junto con abrirse a flexibilizar el esquema anunciado, podrían evaluarse otras opciones, como cambiar la ley que declara que el litio es “inconcesible”, por ejemplo. La propiedad estatal no es, per se, una condena al fracaso, pero la idea de que sólo ella puede cautelar el mejor interés del país refleja un peligroso dogmatismo.