Editorial

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Hace unos días, se conoció la decisión de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) de restarse del diálogo tripartito que la ministra del Trabajo anunció como insumo para elaborar un proyecto de ley sobre negociación colectiva multinivel. El envío de esta iniciativa se selló durante la última negociación por salario mínimo, marco en que el Gobierno se comprometió con la CUT a ingresar un proyecto de ley. El acuerdo fue refrendado, además, por el Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública, en la que anunció que el Ejecutivo llevaría adelante un proceso con trabajadores, empresarios y autoridades para presentar la iniciativa antes de que concluya el año.

Una negociación multinivel encarecería costos, haría más rigido el mercado laboral y limitaría los cambios tecnológicos.

Sin embargo, tanto la CPC como gremios de pequeñas y medianas empresas han manifestado su oposición a la iniciativa, alertando sobre sus consecuencias y efectos negativos, particularmente, en las PYME. Las grandes compañías negocian de manera colectiva hace décadas, es un mecanismo asentado, conocido y con reglas claras, situación diametralmente distinta a lo que ocurre con las firmas más pequeñas. Una iniciativa de este tipo resulta no solo añeja, sino que rigidizaría el mercado laboral, encarecería costos, limitaría los cambios tecnológicos e impondría condiciones uniformes que no necesariamente recompensan el esfuerzo individual o la eficiencia operativa.

A diferencia de lo sucedido con la tramitación de la ley de reducción de jornada laboral a 40 horas, esta vez el Gobierno tendrá solo a la CUT como interlocutor, en lo que parece ser un diálogo más bien entre pares, sin matices y, menos aún, puntos de vista diferentes.

A fuerza de voluntarismo y convicción ideológica, la insistencia del Gobierno por continuar con la negociación ramal, sin contar con uno de los sectores clave, lo único que hará será alargar la tramitación de un proyecto para el cual no existen votos suficientes. Y aun si la iniciativa avanzara, sería una victoria pírrica, con efectos adversos en un panorama económico que actualmente enfrenta problemas en la inversión, el empleo, el trabajo informal y la inflación.

La rigidización de las relaciones laborales y el consecuente encarecimiento de los costos de contratación, tal como lo han advertido numerosos expertos, representan un desincentivo directo para la generación de empleo. Es cómodo y tentador dialogar solo con quienes comparten nuestra visión, pero el verdadero liderazgo se mide en la capacidad de tender puentes entre posturas divergentes. En este caso, el desafío radica en fomentar una economía que crezca en productividad y competitividad, evitando las trampas de un enfoque rígido que podría llevarnos en la dirección opuesta.

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