En salud, la libertad de elección no es el problema

El gobierno ha puesto al centro de su esfuerzo discursivo la cercanía con los ciudadanos y la representación de sus intereses. Es entendible. Sin duda, parte importante del descontento y la desconfianza de la ciudadanía con su clase dirigente -de izquierdas y derechas- tiene que ver con la gran distancia que percibe entre sus problemas cotidianos y las respuestas que emanan del sistema político.

Desde esa lógica, entonces, se hace difícil entender que la ministra de Salud manifestara durante una actividad pública que la libertad de elección de las personas podría ser, en sí misma, un obstáculo hacia una mejor salud. Según ella, “si no lo explicamos bien (el sistema universal único de salud), capaz que nos veamos en una marcha de los ciudadanos pidiendo que los dejen elegir el sistema que quieren, y eso va a ser tremendo”.

Cuando se trata de derechos sociales, los ciudadanos no desean imposiciones. Sería un error hacer oídos sordos a esa demanda.

Cuesta no ver en esa afirmación otra cosa que un marcado sesgo ideológico, en lugar del enfoque técnico que se esperaría para abordar la salud desde el prisma de una política pública con evidentes carencias. Sobre el rol del Estado y los privados en materia de salud existe una discusión en curso que, claramente, tiene distintas aristas y admite aproximaciones diversas. Pero resulta incomprensible sostener que sean las propias personas las que, por su insistencia en elegir por su cuenta, puedan ser parte del problema.

Esa insistencia en elegir no es simple elucubración teórica. Una encuesta incluida en nuestra edición de ayer consignó que un 74% de los consultados prefiere tener libertad para escoger al administrador de sus cotizaciones de salud, bien sea público o estatal, en la futura Constitución. La cifra es 75% para el caso de las cotizaciones previsionales.

Que tres cuartas partes de los encuestados prefiera poder optar libremente en ambas materias no es un dato irrelevante. Al contrario, más bien apunta a que, cuando se trata de sus derechos, los ciudadanos son reacios a aceptar imposiciones. Sería un grave error que la Convención Constitucional hiciera oídos sordos a este mensaje.