Empleo público: más transparencia y mejor gestión
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La recién iniciada discusión de la Ley de Presupuestos se verá sin duda afectada por los recientes escándalos de corrupción sobre asignaciones de recursos a organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en un contexto en que el Gobierno intenta aumentar los impuestos.
Se hace cada vez más patente la necesidad de avanzar en un gasto público que logre mayores niveles de eficiencia y eficacia. Al respecto un tema polémico ha sido la evolución del empleo público, no sólo por el aumento de contrataciones, sino también por la falta de datos administrativos de fácil acceso.
El fuerte aumento del empleo público en los organismos descentralizados hasta la fecha no ha sido explicado.
Una primera fuente de información es la Encuesta de Empleo (ENE) del INE, que registra para el trimestre junio-agosto un total de asalariados del sector público de algo menos de 1 millón 200 mil, cifra que refleja un aumento de cerca de 60 mil desde el inicio del actual gobierno, lo que parece elevado. Por otra parte, la Dirección de Presupuestos publica trimestralmente un informe con el número de funcionarios públicos del gobierno central, que deja fuera a las municipalidades, empresas y universidades públicas, cifra que en junio llegó a 461 mil, reflejando un aumento de algo menos de 19 mil respecto de marzo de 2022.
Llama la atención el fuerte aumento del empleo público en los organismos descentralizados, y que hasta la fecha no ha sido explicado. La discusión presupuestaria parece una instancia muy apropiada para que el Gobierno entregue más información al respecto, partiendo por dar a conocer datos administrativos para la totalidad del empleo del sector público, y no sólo para el gobierno central, sobre todo considerando que parte de los recursos investigados por fraude provienen de los gobiernos regionales.
Por otra parte, y más allá de la discusión coyuntural, es llamativo que el empleo en el gobierno central ha aumentado cerca de un 70% en la última década. Parece evidente que existe un serio problema de productividad en los servicios públicos, dado que, a pesar de ese gran aumento de dotación, no ha mejorado la percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios que se entregan. Esa contradicción no puede prolongarse indefinidamente.
