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Alto contrasteEmergencia en La Araucanía: el peso de la evidencia
En una presentación realizada ante alumnos de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, el presidente de Empresas CMPC sinceró los costos económicos que ha significado para la compañía la escalada de violencia vinculada al mal llamado “conflicto mapuche” en La Araucanía. Según el alto ejecutivo, sólo en 2021 los ataques de diversa índole costaron 100 millones de dólares: 40 millones por plantaciones quemadas, US$ 35 millones para combatir los incendios, y entre US$ 20 millones y US$ 25 millones en servicios de seguridad.
Se trata, desde luego, de un costo que palidece ante lo que en las últimas dos décadas han debido enfrentar los habitantes de la zona y sus familias, que han sufrido decenas de muertes y heridos, junto a lo que significa para sus vidas la constante amenaza de violencia terrorista que campea en ciertas zonas de la región. Ello ha creado, además, un entorno que hace imposible atraer inversión, obtener créditos de la banca, o conseguir cobertura de seguros para bienes y personas -sumado a las cuantiosas pérdidas de la pequeña agricultura o los camioneros, entre otros rubros-.
Es esto lo que justifica el estado de excepción decretado a fines del gobierno pasado -y reactivado en forma “acotada”, y con mucha reticencia, por el actual-, hasta ahora la única medida que ha logrado contener en algún grado la espiral de violencia. Al respecto, un reciente informe del Observatorio Judicial es tan elocuente como alarmante: “Se observa un aumento sostenido en los ingresos de causas por homicidios, lesiones y amenazas a lo largo del período. Esta tendencia sólo se ve interrumpida el segundo semestre de 2021, producto (del) estado de emergencia”.
Por desgracia, ello no se ha traducido en mayor justicia para las víctimas, dado que el 74% de las causas “se archivan, terminan por decisión de no perseverar o por aplicación del principio de oportunidad” (sin condena o absolviendo) y apenas un 5% resulta en sentencia.
Aun así -y aunque el deficiente accionar de la justicia amerita un análisis aparte-, es claro que la medida de excepción se justifica plenamente, por lo que la reticencia política a mantenerla resulta del todo inexplicable.
"la reticencia política a mantenerla resulta del todo inexplicable."
