El riesgo de soluciones temporales

Existe bastante consenso en la necesidad de descongelar las tarifas eléctricas -salvo excepciones a la izquierda del oficialismo-, cuyos nuevos precios comenzaron a operar a comienzos de esa semana, tras cinco años de vigencia de una ley de estabilización que los mantuvo sin cambios. Así lo han señalado el Presidente Gabriel Boric, parlamentarios de ambos sectores y un amplio grupo de expertos, como recogió el último Panel de Políticas Públicas UC, donde el 93% de los analistas consultados respaldó la medida, destacándola como necesaria, “aunque sea impopular”.

Argumentos como la importancia de pagar el precio correcto para autofinanciar el sistema, asegurar el Estado de Derecho, mejorar la calidad del servicio y fomentar la inversión, resultan irrefutables y fácilmente replicables en otros sectores, como el sistema de transportes, de autopistas o el de salud privado, donde en ocasiones parecieran haberse olvidado estos principios.

Es indiscutible la necesidad de apoyar a los sectores más vulnerables, pero también lo es evitar desincentivos perjudiciales a largo plazo

El foco de la discusión eléctrica se ha centrado en qué instrumentos utilizar para atenuar los efectos que provocará en la ciudadanía el descongelamiento. Sin embargo, la decisión respecto del financiamiento de los subsidios que se otorgarán a la población más vulnerable, que debió estar siempre por delante, se ha abordado como si fuese un anexo, en un escenario que era previsible y ante un panorama teñido, además, por la cercanía de las elecciones.

Más que buscar fórmulas para conseguir fuentes adicionales de financiamiento, con nuevas alzas temporales de impuestos y tarifas, como se anunció, el Gobierno bien podría revisar espacios de ahorro fiscal y reasignar recursos, como primer énfasis. Experiencias anteriores ya han demostrado que es altamente probable que las llamadas soluciones “temporales” terminen siendo permanentes, generando nuevas ineficiencias en una economía que requiere reactivarse.

A ello se suma que para el actual Gobierno será difícil escapar de las críticas sobre la híper focalización del universo de beneficiados, como las realizadas por el actual sector oficialista durante la pasada administración.

Es indiscutible la necesidad de apoyar a quienes más lo requieren, pero en esta decisión también es relevante evitar desincentivos perjudiciales en el largo plazo. Liberar el requisito de tener las cuentas pagadas podría jugar en contra de dicho objetivo, que de mantenerse jugaría a favor de ampliar el beneficio a otros sectores que también enfrentan dificultades.

Lo que no debe perderse es el foco en la simpleza administrativa del apoyo, pues podría generar riesgos de avanzar hacia una universalización, que no sería deseable.