El respeto de la institucionalidad

Todo indica que el proyecto HidroAysén enfrentará hoy una jornada clave, marcada por la eventual aprobación de esta central por parte de las autoridades competentes.

La ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, señaló el viernes que “la institucionalidad ambiental se va a respetar”. La afirmación parece innecesaria considerando que se trata de la garantía mínima que la sociedad puede exigir a una autoridad: acatar y velar por el cumplimiento de las normas vigentes.

Pero la experiencia reciente de este mismo gobierno en materia de aprobación de proyectos de generación eléctrica juega en contra de esa consideración, como quedó en evidencia con el caso Barrancones. Ahora la necesidad de circunscribir la decisión a los criterios técnicos y objetivos establecidos por el regulador vuelve a ponerse a prueba. Y si en el pasado la autoridad apeló a otras motivaciones, ahora deberá enfrentar la consecuente demanda de recurrir a razones similares por parte de quienes se oponen a HidroAysén.

En este sentido, resulta evidente que estamos frente a un proyecto que divide a la opinión pública y, por lo mismo, con empresas impulsoras que deberán lidiar con ese rechazo aún cuando la iniciativa sea aprobada por la autoridad. Se trata de un proceso de convencimiento y comunicación de las ventajas de esta central, frente al cual el gobierno también tendrá un rol que cumplir, no sólo para velar por la transparencia y la ejecución de acuerdo a los más exigentes estándares, sino también para evitar que el rechazo se traduzca en acciones que vulneren los derechos de autoridades locales involucradas en la decisión.