El lobby y la sana relación público-privada

La autoridades del Estados sostuvieron, solo en abril, más de 6.600 audiencias con lobistas y gestores de interés, según la plataforma InfoLobby, del Consejo para la Transparencia. La cifra de reuniones registradas supera las 700 mil desde que fue puesta en marcha la ley que regula esta actividad en 2014, lo que da cuenta de un creciente ejercicio de transparencia en la relación entre particulares y autoridades que toman decisiones.

No obstante, a lo largo de la última década también se han evidenciado áreas aún grises, de las que busca hacerse cargo el proyecto que presentó el Gobierno para modernizar la regulación del lobby, y que recoge gran parte de las 33 recomendaciones que entregó a Chile la OCDE.

Es clave elevar los niveles de transparencia, pero también evitar una sobrerregulación que podría redundar en una menor colaboración público-privada.

Dentro de las más relevantes está poner fin a la distinción entre lobistas y gestores de interés, dejando una sola categoría, reciban o no remuneración. Los registros del Consejo muestran que el 94% de las audiencias del último trimestre ha correspondido a gestores, mientras que solo un 5,78% se ha identificado como lobista. En esa línea, la OCDE insta e a incluir a los centros de pensamiento, agencias asesoras, de comunicaciones, sindicatos y a quien quiera que despliegue acciones para influir en favor de determinadas posiciones.

Estas recomendaciones provienen de uno de los organismos que mejor defiende la libertad económica y la adopción de salvaguardias para mercados libres de corrupción y faltas a la probidad. La actividad económica desleal atenta contra las bases de la libertad, el juego limpio y socava la democracia, por lo que una sana relación entre el mudo privado y los funcionarios del Estado es un asunto del mayor interés.

Pero también es necesario atender las sutilezas que distinguen a cada país y mercado, a fin de no empujar una sobrerregulación, que a la larga puede redundar en una menor colaboración público-privada. Y en ello, un mayor autocontrol del propio sector privado en sus relaciones con el mundo político podría ser recomendable para evitar desconfianzas y excesos de regulación.

La probidad es un valor en sí mismo y así ha quedado claro ante recientes casos penales que han expuesto a funcionarios públicos y empresarios. Si no se pone cota a esa senda, no hay base mínima para fortalecer la confianza en la institucionalidad y en el modelo de desarrollo al que aspiramos como país.