El fantasma de Odebrecht

l dramático suicidio del exPresidente peruano Alan García volvió a recordarnos ayer la magnitud del sonado escándalo Odebrecht y sus alcances para la región. Junto con ello, también recordó cuán vulnerables pueden ser todavía las instituciones políticas latinoamericanas a la penetración del dinero privado utilizado de modo ilegal para obtener favores políticos y contratos públicos.

En los cerca de cuatro años desde que estalló ante la opinión pública el caso de corrupción de la empresa constructora brasileña, se han visto involucrados una decena de países de América Latina —además de Estados Unidos, Angola y Mozambique—, en un esquema de pagos que habría supuesto centenares de millones de dólares, tal vez mucho más. En Perú, el segundo país más afectado después de Brasil, la trama de corrupción ha salpicado a cuatro gobiernos, uno de los cuales incluso debió dimitir a raíz de ello. Fueron los supuestos pagos a un excolaborador cercano de García los que hicieron que la justicia peruana investigara al exMandatario.

La evidencia conocida hasta ahora indica que la empresa habría desplegado su política de sobornos a nivel regional en el transcurso de dos décadas. Aunque Chile no se ha visto involucrado en este caso, se investigan los vínculos de OAS, otra gran constructora brasileña, con campañas políticas en nuestro país.

Está en el interés de toda la región que las indagaciones judiciales sobre ambos casos continúen hasta sacar todo a la luz, tanto para asignar responsabilidades y aplicar castigos por los delitos ya cometidos, como para sacar enseñanzas y tomar prevenciones de cara al futuro. La corrupción es uno de los peores enemigos de la democracia y el desarrollo económico, de lo cual la historia de América Latina abunda en ejemplos: la actual situación de Venezuela es uno de los más crudos. En esto no sólo se juegan aspectos de legalidad y justicia, de por sí fundamentales, sino también posibilidades de progreso.