El costo oculto del delito en la economía
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La delincuencia no solo afecta a las personas y a sus familias, sino también a la economía del país. El aumento de los robos, asaltos, homicidios y otros delitos graves tiene un impacto negativo en la inversión, la productividad y el empleo. Dos ejemplos recientes consignados en Diario Financiero ilustran esta realidad.
Por un lado, la firma de seguridad Liderman, perteneciente al fondo estadounidense Carlyle, ha anunciado su expansión al sector minero, debido al incremento de los delitos en esta actividad. La empresa, que llegó a Chile en 2016, ha tenido un crecimiento sostenido en facturación, superando los US$ 75 millones al año.
Menor oferta de viviendas, arriendos más caros y pérdida de oportunidades laborales también son costos de la inseguridad.
Sin embargo, este éxito empresarial refleja una mayor demanda de protección privada, que no debería ser necesaria si el Estado cumpliera con su rol de garantizar el orden público, una falla de lo cual la actualidad noticiosa da dramático testimonio prácticamente a diario. De hecho, en Chile, la seguridad privada cuenta con 200 mil efectivos, el doble que la fuerza pública. Este solo dato refleja la gravedad de la situación.
Por otro lado, varias comunas de la capital -especialmente en Estación Central, Santiago Centro e Independencia- han visto frenados sus proyectos inmobiliarios, debido a la violencia y el deterioro urbano, que desincentivan habitar o invertir en ellos. Esto implica una menor oferta de viviendas, un encarecimiento de los arriendos y una pérdida de oportunidades laborales.
Estos casos muestran una dimensión del costo oculto del delito que impacta fuertemente en la economía. Se trata de un costo que pagan todas las personas, en forma de menor crecimiento, menor competitividad y menor calidad de vida. Por eso, es urgente que el Gobierno y el Congreso asuman su responsabilidad de resguardar el Estado de Derecho, fortalecer las policías y la justicia, y sancionar con firmeza el delito, algo que no necesariamente pasa por aprobar nuevos “paquetes” legislativos, sino por aplicar las herramientas que entrega la legislación vigente.
Sin eso, no parece posible recuperar la confianza y el dinamismo que el país necesita.
