Eficiencia en el Estado

La reciente creación del Ministerio de Seguridad Pública, que eleva a 25 las secretarías de Estado, ha reactivado el debate sobre la necesidad de emprender cambios estructurales en la organización del Poder Ejecutivo. Diversas voces están apuntando a reformas orientadas a la mantención, fusión o reemplazo de carteras, con el fin de mejorar la gestión de Gobierno y aumentar la eficiencia del sector público.

Ya antes de la aprobación de la nueva secretaría, Chile superaba en número de carteras a países regionales como Colombia (19), Uruguay (13) y Argentina (9). Por otro lado, datos del Banco Mundial, dan cuenta de que la mayoría de los estados de la OCDE funcionan con estructuras más compactas: Nueva Zelanda opera con 20 ministerios, mientras Finlandia y Noruega, conocidos por su eficiencia administrativa, mantienen 12 y 15, respectivamente. La comparación invita a reflexionar respecto de si una mayor cantidad de ministerios se traduce efectivamente en mejores resultados.

Los estados más eficientes no son los más grandes, sino los que cuentan con estructuras coherentes con sus prioridades y capacidades.

En este marco, han surgido propuestas como la del diputado Vlado Mirosevic, quien propuso una reforma constitucional para eliminar los ministerios Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia, transfiriendo sus funciones a Interior. Otros actores han sugerido crear macro ministerios, siguiendo el modelo de países como Reino Unido, donde existen departamentos que agrupan funciones relacionadas bajo una sola estructura administrativa.

En el trasfondo de este debate radica la necesidad de eficiencia. La expansión del aparato estatal tiene un costo elevado que no solo se refleja en el presupuesto público, sino también en la complejidad administrativa que dificulta la coordinación y la evaluación de políticas.

La experiencia internacional muestra que los estados más eficientes no son los más grandes, sino los que diseñan estructuras coherentes con sus prioridades y capacidades. Esto implica revisar la pertinencia de mantener ciertas carteras o crear nuevas, basándose en criterios técnicos y no solo en dinámicas políticas o demandas coyunturales.

Asimismo, detrás del debate subyace que los Estados modernos deben ser flexibles y colaborativos con la acción de privados para enfrentar desafíos y llevar adelante proyectos estratégicos que permitan alcanzar mejores niveles de desarrollo y calidad de vida para la ciudadanía.

Junto con evaluar si el Ministerio del Interior debe o no asumir nuevas funciones -lo que hasta ahora ha concentrado el debate-, la oportunidad parece propicia para evaluar también eventuales modificaciones en los denominados ministerios sectoriales y su impacto en el impulso o traba a emprendimientos e inversiones. En lugar de contar con una gran caja de procedimientos y burocracia, el eje debiera rotar hacia una toma de decisiones ágil y eficiente, de cara a los desafíos del futuro.