Educación y reforma tributaria

A propósito del ya extenso conflicto estudiantil, en distintos círculos se ha insinuado que algunas de las medidas que podrían concordarse para resolver el impasse podrían suponer una reforma a la estructura tributaria vigente en el país. Destacados ex dirigentes gremiales y economistas de renombre no se han cerrado a dicha posibilidad, puntualizando, en todo caso, que antes de empujar una idea como esa, se deben dar plenas garantías de que el “proyecto” a financiar con esos mayores impuestos netos es rentable para el país. Lo anterior, se ha dicho, supone pensar qué ajustes son necesarios para mejorar el actual modelo de gestión del sistema educacional; cómo lograr una efectiva “rendición de cuentas” y cómo, desde un enfoque más bien macro, se logran esos resultado sin afectar la inversión, las expectativas de los agentes económicos y los necesarios equilibrios.



Entendiendo que la educación es efectivamente un proyecto rentable, antes de hablar de una reforma tributaria, lo primero es preguntarse si acudir a esa fuente de financiamiento es realmente necesario o si, por el contrario, el proyecto se puede financiar con los recursos hoy disponibles. Sólo en el primer caso resultaría pertinente poner sobre la mesa un tema que, con razón, despierta inquietud a nivel de los agentes económicos, ya que es un insumo clave a la hora de evaluar sus decisiones de inversión.

Plantear una reforma tributaria en un entorno de presión, sin convicción de que necesaria o concebirla como un punto a ceder instrumentalmente en el fragor político no es adecuado. Un tema así puede y debe evaluarse si con ello se logra un saldo para el país más eficiente y justo.