Deterioro de la justicia

Lo que a estas alturas debiera haber sido una respuesta contundente, institucional y republicana del sistema político ante la crisis desatada por la investigación en torno a presuntas redes de corrupción, tráfico de influencias y otras faltas a la probidad que involucran a integrantes de la Corte Suprema, se ha transformado en un nuevo foco de refriega entre las dos principales coaliciones partidarias del país. Así, en lugar de enfrentar esta situación con la seriedad y altura que amerita, el debate se ha centrado en el aprovechamiento político.

Tal como planteó la presidenta de Chile Transparente en estas páginas, ¿será necesario esperar hasta el último mensaje de WhatsApp del celular de Luis Hermosilla para conocer quiénes están o no involucrados en una posible trama de politización de los jueces? Hasta ahora, el país había sido testigo de cómo escándalos de corrupción han permeado los ámbitos empresariales y políticos, resultando en condenas tanto a parlamentarios como a empresarios. Sin embargo, este tipo de situaciones no había alcanzado aún a la esfera de la justicia, lo que marca un nuevo y preocupante deterioro institucional.

Urge impulsar un acuerdo nacional, en un diálogo produndo con distintos actores, para reformar el sistema de nombramiento de jueces.

La apertura de investigaciones que involucran a ministros de la Corte Suprema, a un fiscal y a un exfiscal señala un capítulo inédito en el deterioro no solo de la institucionalidad democrática, sino también de la estabilidad necesaria para que la economía y el clima de negocios puedan desarrollarse de manera saludable en el país. Los antecedentes conocidos hasta ahora del polémico fallo de la sala presidida por la ministra Ángela Vivanco, que en un tiempo asombrosamente breve resolvió un caso de 300 páginas en favor de una empresa chileno-bielorrusa, en perjuicio de Codelco, obligando a la estatal a pagar $ 11.700 millones, pone en entredicho la independencia del Poder Judicial y su relación con el sistema político.

Lo que en un contexto republicano debió haber generado aprendizajes y señales claras de rectificación por parte de los actores responsables, se ha convertido en un escenario de desorden y oportunismo. Es imperativo que se investigue todo y a fondo, en un marco donde la presunción de inocencia es una garantía que asiste a todos los eventuales involucrados en el caso Audios y sus distintas aristas. Sin embargo, muchos actores públicos han preferido abordar las diversas revelaciones como un botín político, mientras pasan a un segundo plano la estabilidad institucional y las certezas que requieren tanto las familias como las empresas y los inversionistas.

Es frustrante ver al Presidente de la República manifestarse con entusiasmo sobre la decisión de una prisión preventiva y no observar el mismo nivel de compromiso para convocar a un diálogo profundo con líderes políticos, académicos y expertos para abordar el problema de fondo, que es la politización del sistema de nombramiento de jueces. Alcanzar un acuerdo nacional de este tipo requiere un liderazgo firme y madurez política, lo que hasta ahora parece ausente.