Descentralización con interrogantes
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En entrevista con este diario, el subsecretario de Desarrollo Regional se refirió a algunos ejes desde los cuales el Gobierno pretende abordar su compromiso descentralizador. Siendo el centralismo, efectivamente, uno de los factores (no el único) que dificulta aprovechar mejor las potencialidades de las distintas regiones del país, la descentralización es un esfuerzo que, no por postergado, deba abordarse con más entusiasmo que prudencia.
Por ejemplo, es bastante claro que deben existir mayores capacidades para que las regiones tomen decisiones sobre asignación de fondos, bajo el criterio de que ellas están más cerca de los problemas y desafíos que enfrentan. Con todo, es clave diseñar mecanismos que limiten la posibilidad de captura de los recursos por parte de grupos con poder de presión a nivel local, un riesgo que aumenta junto con el menor control centralizado de dichos recursos.
La idea de que toda mejora institucional exige más recursos para el Estado suele obviar el debate sobre la calidad del gasto.
Asimismo, llama la atención el énfasis del subsecretario en la mayor disponibilidad de fondos para regiones que haría posible la reforma tributaria que contempla el Gobierno y que aún no se discute. Sin esos mayores recursos, debe entenderse, no sería viable avanzar en descentralización, lo que parece una condicionante que rigidiza, incluso paraliza, lograr el objetivo. También resulta compleja la admisión de que, en caso de aprobarse en la Constitución un nuevo tipo de Estado regional -que tardará años en ponerse en práctica-, mucho de lo que se discuta o avance hoy pueda sufrir cambios sustanciales.
Por otro lado, abrir la puerta a que los gobiernos locales puedan emitir deuda, como plantea el borrador de nueva Constitución, arriesga un casi inevitable desorden en las finanzas públicas nacionales, donde el control centralizado es esencial para preservar los equilibrios macroeconómicos.
La idea de que toda mejora institucional requiere de más recursos para que el Estado defina su uso suele obviar el necesario debate sobre la calidad del gasto, redundando en ineficiencias y despilfarro, y con frecuencia en una mayor burocracia que absorbe buena parte de esos dineros.
