Desarrollo rural: el énfasis correcto

n entrevista con este diario, la recientemente asumida ministra de Agricultura dio detalles sobre los lineamientos que espera desplegar desde su cartera. Pese a llegar al cargo en el último de año de gobierno, la suya no parece una agenda de cierre y balance, sino el proyecto de una gestión proactiva en un área de la economía —más aun, de la vida nacional— cuyo aporte con demasiada frecuencia se da por sentado. Su importancia, como señala la secretaria de Estado, ha vuelto a quedar en dramático (pero extrañamente silencioso) relieve en medio de la pandemia: pese a las enormes presiones sobre la capacidad productiva y toda la cadena logística, Chile no experimentó escasez de alimentos debido a la emergencia sanitaria.

Así, la cartera entenderá su misión no sólo desde la perspectiva de la agricultura, sino dentro de un marco general que promueva el “desarrollo rural”. En síntesis, dice la ministra, ello apunta a tener “una comprensión integral del desarrollo territorial”, con mayor enfoque en la realidad que se vive fuera de las ciudades. Esta mirada debe ser bienvenida, pues efectivamente existen el mundo rural —y en las actividades económicas estratégicas que genera— desafíos, incluso pasivos, que son importantes y de larga data.

La intención de incluir este tema dentro de la discusión constitucional, sin embargo, parece más debatible, y se asemeja en mucho a la reciente tendencia a interpretar numerosos problemas de Chile en clave constitucional. En esencia, es la errada creencia de que si una materia es relevante y requiere una mirada de largo plazo, entonces debe quedar consagrada en la Constitución como una preocupación nacional.

Esta es una concepción equivocada de la razón de ser de una Constitución y de sus objetivos, y justamente deberá ser parte del debate que comienza en abril para redactar una nueva carta. Como otras áreas de interés para el progreso de Chile, el desarrollo rural indudablemente necesita buenas políticas públicas, e incluso visión de Estado. Pero esas no son tareas para la Constitución, sino para nuestros gobernantes y legisladores.