Desafíos regulatorios en equidad salarial

Si bien la reforma previsional ha acaparado la atención del Ministerio del Trabajo, la agenda laboral del Ejecutivo no se ha mantenido inactiva en otras materias. En las últimas semanas ha avanzado a paso firme la discusión en segundo trámite del proyecto de ley que busca cerrar brechas salariales entre hombres y mujeres, con la profundización del principio sobre igualdad de remuneraciones. La iniciativa es hoy impulsada por el Gobierno, tras presentar una indicación sustitutiva a lo que antes era solo una moción parlamentaria.

En lo esencial, el proyecto busca reconocer el derecho de igualdad de remuneraciones para trabajos de “igual valor” -frente a la legislación actual que solo habla de “mismo trabajo”- lo que abre interrogantes respecto de los riesgos que implicaría cómo dicha cualidad será considerada a la hora de implementarla.

El foco de la discusión debiera estar en la generación de empleos formales, buscando minimizar los costos de una sobrerregulación.

La discusión legislativa ha permitido, hasta ahora, precisar y acotar que el “trabajo de igual valor” sería definido “dentro de la misma empresa”, pero ha dispuesto otras medidas que generan no solo incertidumbre regulatoria al empleador, sino que involucrarían mayores costos administrativos, que se sumarían a los ya incorporados tras la puesta en marcha de la Ley de 40 horas y la Ley Karin, entre otras.

Expertos en la materia han advertido respecto a las subjetividades que implicaría dirimir si dos trabajos tienen “igual valor”, limitando incluso la posibilidad de utilizar factores objetivos en la fijación de remuneraciones, como productividad, experiencia o calificaciones, lo que puede ir, incluso, en contra del objetivo propuesto. Asimismo, se han levantado alertas transversales sobre cómo la excesiva regulación incidiría en la facultad de administración de las propias empresas.

Dada la compleja y estancada realidad del mercado laboral del país, y las dificultades que presenta la necesaria ocupación formal de las mujeres, es clave revisar el costo adicional de la contratación de quienes este tipo de regulaciones -siempre bien intencionadas- pretende beneficiar. Es relevante poner al centro la generación de empleos formales, buscando minimizar los costos internos que implicaría la implementación de estas normas. En ello deben tenerse en cuenta tanto los costos administrativos directos -como la creación de comités, estructuras de fiscalización y registros, entre otros-, como los indirectos derivados del exceso de regulación. Se trata de consideraciones básicas, a las que debe sumarse un necesarios análisis respecto de la real capacidad fiscalizadora de nuestra institucionalidad laboral.