Uno de los procesos electorales más significativos en la historia de Chile se completó en la jornada de ayer, arrojando como presidenta electa a la candidata de la Nueva Mayoría Michelle Bachelet.
En efecto, más allá de que esta fue la primera elección con voto voluntario en la historia del país y la primera, también, en donde la definición se hizo entre dos mujeres, en términos de visiones políticas en juego pocos cuestionan que las propuestas en competencia ayer presentaban marcadas diferencias.
Con el claro resultado electoral obtenido por Michelle Bachelet, el que sin embargo surge de uno de los procesos electorales de menor participación ciudadana, a partir del 11 de marzo se inaugurará un profundo período de revisión de cuestiones sustantivas en materia institucional. Una nueva Constitución Política, una profunda reforma tributaria y una suerte de refundación del sistema educacional son, según se ha dicho, las tres principales áreas de reforma.
Se trata de áreas de profundo alcance político y económico, en donde, más allá de las mayorías parlamentarias y del elocuente resultado presidencial (cuya legitimidad está fuera de discusión, aunque representativo de los poco más de 5 millones de chilenos que decidieron ir a votar), los representantes políticos del país están llamados a legislar pensando en todos los chilenos y no sólo en quienes les dieron su voto.
Cuando se trata de asuntos fundamentales como los que se revisarán, la prudencia y criterio son una obligación, de modo de evitar lo que se ha visto con tantas leyes que se han dictado en el país, las que a poco andar se busca revertir porque no funcionaron como se esperaba.