Derecho de propiedad y Corte Suprema: oportuna aclaración

a Corte Suprema cambió esta semana la inusual decisión de aclarar el alcance del fallo de una de sus salas, en el caso de un terreno en Viña del Mar cuyos dueños presentaron un recurso de protección por su ocupación ilegal desde multas de 2020. Dicho fallo había dado pie a un acalorado debate en círculos legales y académicos -recogido en las cartas a la directora de este diario-, debido a que, pese a acoger el recurso presentado por los propietarios, dio a entender que ellos mismos podrían ser parte de la solución en el problema que los afectaba.

Visto así, diversas voces plantearon que ello podía interpretarse como un debilitamiento implícito del derecho de propiedad, y por ende una invitación tácita a futuras invasiones ilegales de terrenos privados, habitados o no. Ese temor no es casual; por el contrario, nace de situaciones de este tipo que siguen sin resolver en distintos lugares, sobresaliendo las ocupaciones de predios agrícolas en La Araucanía en el marco de supuestas tienen territoriales históricas (con casos emblemáticos en que los dueños legales siguen pagando contribuciones al Fisco, mientras los ocupantes reciben recursos públicos para explotar los campos tomados).

Más allá de cuánto “justo” sea el fallo original -algo siempre discutible-, el Supremo Tribunal ha estimado correctamente que no debe permitir que su posible ambigüedad o amplitud sembrara dudas sobre la fuerza y ​​vigencia del derecho de propiedad. Así, “reconoce que la ocupación es ilegal y vulnera el derecho de propiedad”, y aclara que el llamado a que las víctimas se coordinan con las autoridades competentes busca “garantizar que sean informados y consultados” sobre la restitución de sus terrenos, y “ en ningún caso para que ellos solucionen el conflicto”.

Es bueno que las instituciones de justicia, y en especial la Corte Suprema, se preocupen por despejar dudas respecto de quiénes son los titulares de derechos y quiénes los vulneran.