Criticable postura del Tribunal Constitucional
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El Tribunal Constitucional declaró la inadmisibilidad de un requerimiento que solicitaba la declaración de inconstitucionalidad de cuatro organizaciones extremistas que operan en la Macrozona Sur: la Coordinadora Arauco Malleco, la organización Weichán Auka Mapu, la Resistencia Mapuche Lavkenche y la Resistencia Mapuche Malleco. Para justificar su decisión, declaró que tal declaración “queda fuera de la órbita que el Tribunal puede conocer y juzgar”, por cuanto se trataría de asuntos de competencia de los tribunales penales.
La negativa del TC a declarar inconstitucionales a cuatro grupos extremistas en el sur solo contribuye a la indefensión de las víctimas.
El argumento es criticable. En primer lugar, excede con mucho el análisis puramente formal que debe realizar el TC al hacer su control de admisibilidad. Y desde un punto de vista sustantivo, es altamente cuestionable que tal declaración exceda sus atribuciones, toda vez que la Constitución entrega expresamente al TC la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones, movimientos o partidos políticos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política.
Más aún, el mismo Tribunal ha sostenido que dentro de dicho ilícito constitucional “caben los grupos guerrilleros, separatistas, integristas o las agrupaciones clandestinas, si son violentas; las asociaciones paramilitares, así como todo tipo de organización terrorista y de crimen organizado cuando asume finalidades políticas”.
Dada la gravedad y la persistencia de los hechos denunciados, la declaración de inadmisibilidad del TC podría incluso llegar a constituir un caso de denegación de justicia para las víctimas. En efecto, la violencia que se vive en la Macrozona Sur no es un fenómeno inorgánico y desarticulado de delincuencia común —para lo cual bastaría la justicia ordinaria—, sino que responde a los esfuerzos coordinados de organizaciones radicalizadas que amenazan la vida y la seguridad de los habitantes de la zona, además de provocar enormes daños a la economía local.
En suma, la negativa del Tribunal a ejercer sus atribuciones constitucionales solo contribuye a la indefensión de las víctimas en la Macrozona Sur.
