Crisis migratoria y medidas en el norte
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Ante la grave crisis migratoria que se vive en el norte del país, por donde siguen ingresando miles de personas cada mes por pasos no habilitados, el gobierno ha tomado la extraordinaria medida de permitir el despliegue de efectivos militares para asistir en las labores de control de migración. Se espera con esto canalizar el flujo de migrantes hacia los pasos debidamente habilitados, donde su entrada a Chile puede ser registrada y fiscalizada.
En nuestra edición de ayer, se consignó que una mayoría del panel UC de 30 expertos respalda que las Fuerzas Armadas colaboren en el control migratorio fronterizo. Aun así, esa opinión mayoritaria de 55% dista de ser abrumadora, lo que ilustra la (esperable) falta de un consenso amplio en esta compleja materia, donde se mezclan sensibilidades político-históricas con enfoques técnicos de política pública.
La participación de militares en el control fronterizo no es una solución a la inmigración descontrolada, pero sí una medida necesaria.
La realidad en el norte no admite dos lecturas: si un Gobierno de izquierda estuvo dispuesto a aprobar un decreto que despliega militares en tareas de tipo policial es porque la inmigración descontrolada se ha vuelto un grave problema de política pública y seguridad. La responsabilidad por ello es directamente atribuible a administraciones anteriores, que permitieron (¿avalaron?) una situación de anomia y falta de recursos que resultó en el ingreso irregular de cientos de miles de inmigrantes, entendiblemente empujados por severas crisis humanitarias en sus respectivos países, principalmente Venezuela, lo que ha generado una crisis en el norte y en otras partes del país.
Si bien la inmensa mayoría son personas y familias que buscan genuinamente rehacer sus vidas de forma honesta en nuestro país, es imperativo el control de ciertos grupos criminales que permean las fronteras.
La participación de militares en el control fronterizo de forma alguna es una solución a lo anterior, sino a lo más un necesario “parche”. Tanto chilenos como inmigrantes requieren que las autoridades pongan en juego un arsenal de políticas que hagan de la migración un proceso ordenado, con un fuerte foco -desgraciadamente- en la seguridad.
