Crisis migratoria (II): La responsabilidad de Chile

e justifica hablar de crisis cuando las instituciones se ven al menos parcialmente sobrepasadas por fenómenos que no tuvieron la capacidad de prever o enfrentar. Ciertamente es el caso de la masiva inmigración de años recientes, en especial de venezolanos -muchos de ellos ingresados ​​de forma ilegal al país-, producto de la dramática situación humanitaria provocada por el régimen de Nicolás Maduro.

Hoy existen campamentos de familias extranjeras viviendo en condiciones deplorables en algunos lugares, sobre todo en el norte, muchas de ellas subsistiendo con limosnas, vulnerables a intolerables agresiones como las vistas hace unos días en Iquique, pero a la vez generando una severa y urgente problemática social en materia de pobreza, salubridad y seguridad para las comunidades donde han llegado. Es innegable que existe allí un terreno fértil para la reacción xenófoba -que no debe tolerarse-, pero también para una frustración entendible y enojo de la ciudadanía con el Estado, responsable de hacerse cargo.

Por años una combinación de controles laxos e incentivos incorrectos facilitó una inmigración irregular que terminó alimentando un nuevo segmento vulnerable, como ocurrió en el caso haitiano. Ello se debió, a su vez, a una mezcla de normativa migratoria obsoleta e irresponsabilidad de las autoridades de la época, dos errores que se ha tratado de corregir recientemente con la actualización de la ley migratoria, con la nueva institucionalidad y, sobre todo, con un enfoque de política pública del cual se carecía.

Tanto la historia como el presente de Chile dan cuenta de cómo la inmigración puede enriquecer el tejido nacional. Muchísimos inmigrantes recientes están ya siendo un aporte a nuestra sociedad, trabajando en diversos lugares, incluyendo este diario. Pero ese aporte sólo puede alcanzar su potencial real bajo un marco de reglas que sean claras y se hagan cumplir, en pro de los derechos de extranjeros y chilenos, y de la buena gobernanza.

El marco que entrará en vigencia una vez publicado el reglamento de la nueva ley es un claro avance en la dirección correcta, pero que cumpla su objetivo exigirá el compromiso de las futuras autoridades políticas del país, sean cuales sean.