Crisis migratoria en el norte

as marchas y paro de la semana pasada en la Región de Tarapacá, convocados por ciudadanos y gremios en protesta por la crisis migratoria y el aumento de la delincuencia, lograron la atención del gobierno central que sus impulsores buscaban. El ministro del interior visitó la región para reunir a diversos actores y anunció un “plan de intervención” en los barrios con mayor tasa delictual, reforzando a Carabineros con 80 efectivos (además de otros policías de civil para control migratorio en las ciudades) y aumentando los recursos para el Ministerio Público regional, entre otras medidas puntuales.

Aunque tarde, la respuesta del gobierno envía la señal política adecuada de que, efectivamente, existe en el norte una crisis que se ha desatendido por demasiado tiempo. En las postrimerías de la administración actual, sin embargo, eso dista mucho de ser la estrategia de política pública que el problema demanda, y que no obstante abarca dimensiones de política migratoria, seguridad pública y asistencia social. Como han hecho ver los alcaldes de la zona, difícilmente 80 policías harán una diferencia sustancial ante el flujo masivo de ingresos ilegales a través de la frontera.

Que esa situación está provocando un aumento de la delincuencia y en particular de los delitos violentos ha sido destacado por la fiscalía regional. Pero también existen otros síntomas preocupantes, como las tasas de registro de informalidad laboral entre los inmigrantes que registran las regiones de Arica y Tarapacá, según consignó el Observatorio del Contexto Económico de la UDP en nota de este diario.

Como observa dicho estudio, no solamente “el estatus irregular dificulta la incorporación a empleos formales, (sino que) puede ser un factor que contribuye a generar efectos sociales indeseables, elevando el descontento social”. Así, se está incubando allí un peligroso círculo vicioso al que, es de esperar, las nuevas autoridades otorguen la prioridad, la reflexión y los recursos que tan claramente necesita.