Crimen organizado: señal de advertencia
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La crisis de inseguridad ya está alcanzando un punto que incide en la percepción que se tiene de Chile a nivel internacional en materias clave de calidad institucional. Así, que el país bajara levemente en el Índice Global de Crimen Organizado respecto de la medición de 2021 es una advertencia que no puede ser desatendida, pues cobra sentido en un contexto de continuas noticias sobre nuevas, más sofisticadas y a menudo más violentas formas de delito.
La penetración del narcotráfico (y su cultura) en diversos sectores -con expresiones de control territorial y redes sociales de apoyo- es un fenómeno que se ha desplegado por décadas, y que en los últimos años se ha hecho más complejo con la llegada de nuevos actores a esa industria ilegal, nuevos productos y nuevos patrones de consumo.
Las amenazas que plantea el crimen organizado son un desafío para las instituciones policiales, judiciales y políticas.
Con todo, amenazas como el llamado Tren de Aragua -una organización delictiva transnacional dirigida desde una cárcel venezolana allanada hace sólo semanas- sin duda plantean desafíos institucionales de otra magnitud. Por sus recursos y alcance, las drogas son sólo uno en una lista de negocios ilícitos que incluye prostitución, secuestro, extorsión, tráfico de personas, contrabando, estafa y otros; por las mismas razones, su capacidad de corromper a las instituciones policiales, judiciales e incluso políticas puede llegar a representar, en casos extremos, un riesgo sistémico.
El impulso inicial de la agenda legislativa antidelincuencia del Gobierno (con escaso avance) fueron casos de alta notoriedad pública, en particular la muerte de varios carabineros en actos de servicio. Es preciso complementar lo anterior con otra agenda de seguridad más amplia, que se haga cargo de las complejidades y amenazas que plantean las nuevas formas de crimen organizado, desde su territorialidad a la operación de sus finanzas, desde sus formas de delito a sus nexos con la policía, la justicia o la economía formal.
La Política Nacional contra el Crimen Organizado presentada a fines del año pasado se entendió como un reflejo de esta preocupación. Ahora debe reflejarse también en hechos concretos.
