Editorial

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A poco más de un día de la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, la política ha mostrado una predecible reacción: recriminaciones cruzadas y anuncios de todo tipo de actitudes para frenar, impedir o bloquear las posturas del respectivo adversario. Esto no es adjudicable a un solo actor del amplio espectro de partidos, sino más bien al deterioro del sistema en su conjunto y que quedó en deuda de un anuncio que permita ordenarlo de una vez.

Aristóteles decía que la buena política unifica ideas y perspectivas diversas, pues es capaz de crear un entorno en el que los ciudadanos pueden colaborar y vivir de manera armoniosa en pos del bien común. Chile podría estar de vuelta, sí -como un optimista ministro de Hacienda aseguró a inversionistas locales y extranjeros -, pero no lo hará por mera voluntad ni declamaciones, sino como resultado de acciones realistas, efectivas, viables, que respondan a una lógica de causa y efecto.

En este escenario, hay que reconocerle al Presidente su capacidad de adaptación, de enmendar rumbos y cambiar, algo que requiere valentía en política, pues ha sabido girar su itinerario hacia temas ausentes en su programa original, como son el crecimiento y la seguridad, ámbitos en cuya desestabilización su sector tuvo un rol relevante en tiempos del estallido social al apoyar y justificar, en algunos casos, hechos que hoy todos lamentamos.

No obstante, el discurso del Presidente fue el testimonio de la izquierda joven que se hizo cargo del recambio de la que encarnó la Concertación, de sus banderas valóricas y de su clara distancia con el mundo empresarial. Mientras estos últimos manifiestan su descontento y desconfianza ante la conducción económica y la “idea país” del Frente Amplio, el Gobierno insiste en su empeño en un alza tributaria y anuncia una negociación sindical por ramas. La revelación de que se presentará un proyecto sobre aborto legal tampoco suma y, por el contrario, divide en un momento en que el mandatario necesita acuerdos para alcanzar sus proyectos emblemáticos en impuestos y pensiones, en el marco de un debate legislativo en el que no cuenta con mayoría.

Hay que reconocerle al Presidente su capacidad de enmendar rumbos y cambiar, algo que requiere valentía en política, pues ha sabido girar su itinerario hacia temas ausentes en su programa original, como son el crecimiento y la seguridad, ámbitos en cuya desestabilización su sector tuvo un rol relevante.

Si el ejercicio de la política es convocar a un proyecto común, desafiante, a una ambición -como dijo a pocas horas del discurso el exministro de Hacienda Ignacio Briones- esta cuenta pública hizo lo contrario. Acentuó las diferencias y sencillamente no convocó a ningún propósito nítido en el cual las distintas visiones políticas, económicas, éticas y culturales puedan converger en la idea del bien común.

El cambio climático, una de las amenazas más desafiantes que enfrentamos como humanidad, representa tal vez ese proyecto país y nuestra oportunidad única para alcanzar el desarrollo. Chile alberga el 32% de las existencias de cobre y el 41% de las reservas de litio y es, además, un potencial líder mundial productor de hidrógeno verde y sus derivados. Contamos con estrategias nacionales para todas las aristas de la transición verde y, a pesar de ello, algo se extravió en la cuenta pública del Presidente, pues faltó un relato explícito, una táctica que permita acelerar, unir y concretar inversiones aprovechando esta breve ventaja y ventana que Chile tiene para complejizar su matriz productiva, y pasar del extractivismo a niveles de mayor industrialización.

Son loables los anuncios en concesiones o la reducción de un 30% en la tramitación de permisos para proyectos, no obstante, una desaladora puede tardar nueve años en conseguir una concesión. En esos términos, la diferencia ente nueve y seis años parece irrelevante ante la posibilidad de quedar fuera de los mercados de producción de hidrógeno o para entregar agua a comunidades y crianceros en regiones como Coquimbo. Una meta más ambiciosa para reducir plazos no sería sinónimo del impulso de un fast track sin observancia de las responsabilidades ambiental o social, pero sí de la demanda de mayor eficiencia e inteligencia estatal para llevar adelante estos procesos en menor tiempo.

En definitiva, se extraña una mirada que vea y ubique al país en 30 años más, cuando los efectos del cambio climático eventualmente hayan llegado a un punto de no retorno. Es probable que los partidos de Gobierno, los asesores más cercanos o el propio mandatario, sientan que el mundo empresarial debe hacer bastante más por el país, pero es altamente plausible que esa sensación sea mutua.

Tener un programa viable y realista es básico para cualquier Gobierno; de lo contrario, el gobernante puede tropezar en el intento de alinear la causa-efecto de sus decisiones.

Un ejemplo de esto es el muy necesario aumento de dotación y salario anunciado para Carabineros, pero no es el único factor en la ecuación para enfrentar en mejor pie la inseguridad, el delito y el crimen organizado. La estrategia también requiere contemplar una más robusta formación profesional y técnica, más inteligencia y tecnología, temas respecto de los cuales no hubo anuncios.

Ese análisis profundo de causalidad y efecto es lo que se le demanda al Gobierno. Esto es, que el crecimiento potencial -hoy en un magro 2% que el mandatario celebra- sea resultado de un plan que convoque, entusiasme y anime a mayorías. No en todos los aspectos, pero al menos en uno, como puede serlo el rol que puede jugar Chile en la transición energética para frenar la crisis climática. Pero incluso ahí, no ha habido capacidad de aunarnos a todos detrás de un mismo objetivo.

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