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Alto contrasteLa actual administración de gobierno se encuentra embarcada en el logro de una ambiciosa agenda eléctrica, la cual entre otras cosas se ha trazado metas cuantitativas de disminución de costos de este fundamental insumo productivo. En esa línea, y con miras a la licitación de contratos de suministro eléctrico para clientes regulados, se espera que en los próximos días las autoridades presenten oficialmente algunas modificaciones a los términos con que se llevará adelante el proceso, las cuales, se estima, buscan reducir el riesgo de las generadoras que concurran al mismo.
Como el objetivo de las autoridades es bajar en 25% el precio de largo plazo de las licitaciones respecto de los US$ 128 por MWh en que se adjudicaron los últimos contratos, se anticipa que el nuevo proceso considerará una extensión del plazo previo a la inyección de energía, cláusulas de salida en caso de complicaciones y generar condiciones contractuales que le faciliten el acceso a financiamiento bancario a los concurrentes.
A la luz de la experiencia, si bien el objetivo perseguido se encamina en una dirección correcta, los expertos advierten ciertos riesgos de especulación, los cuales podrían derivar a largo plazo en problemas reales de disponibilidad de energía, los que por supuesto no se corregirían por más certezas que se introduzcan en materia de cobro de garantías.
Por lo mismo, todo indica que en este proceso las autoridades deberán calibrar cuidadosamente los resguardos que aseguren no sólo un menor riesgo y mayor competencia en el proceso de licitación, sino que el efecto buscado se materialice de manera efectiva, sin efectos indeseados más allá de los cálculos.
