Continúa la Crisis en Perú

Los errores de gestión, la inestabilidad y los graves casos de corrupción y nepotismo durante el gobierno de Pedro Castillo precipitaron, en diciembre del año pasado, una nueva crisis política en Perú. El intento de “autogolpe” del entonces mandatario fue resistido por las instituciones democráticas -sus propios ministros, el Congreso, la Justicia y las FFAA-, que por la vía legal lo destituyeron y sometieron a juicio por el delito de “rebelión”, estando ahora en prisión preventiva por 18 meses.

Esa crisis política fue resuelta en lo inmediato con el nombramiento de una nueva Presidenta, siguiendo el procedimiento constitucional, quien ha anunciado elecciones anticipadas para 2024, con el apoyo del Congreso, el cual debe ratificarlas en segunda votación en febrero o marzo próximos.

Los abusos contra los DDHH debe ser denunciados y sancionados, pero también los intentos de subvertir violentamente los procesos democráticos.

Las violentas protestas que han golpeado zonas acotadas del país en las últimas semanas -con un lamentable saldo de casi medio centenar de muertes y muchos heridos- son un intento de desconocer esa salida institucional y de forzar cambios políticos por la vía violenta, entre ellos, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la liberación del expresidente Castillo. Los manifestantes han atacado sedes judiciales, saqueado comercios, bloqueado rutas y tratado de tomar un aeropuerto, enfrentando violentamente a las fuerzas de seguridad (un policía fue incluso incinerado dentro de su vehículo).

La justicia peruana debe determinar si ha existido un uso excesivo de la fuerza policial para responder a estas acciones y ya ha anunciado investigaciones. Correctamente, el Gobierno las ha respaldado y también ha recibido esta semana a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que evaluará la situación en terreno.

Cualquier abuso contra los DDHH debe ser denunciado y sancionado -y así lo han pedido Chile y otros países vecinos, además de la ONU-, pero tampoco pueden tolerarse los intentos de subvertir violentamente los procesos democráticos. Los cambios, en Perú como en otras partes, deben buscarse por la vía pacífica e institucional; en democracia, los intentos por desestabilizar al Gobierno y obtener concesiones políticas por la fuerza -desde cualquier sector- deben rechazarse siempre.