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Alto contrasteEste medio en conjunto con el Instituto Libertad y Desarrollo convocaron al cierre de la semana pasada a cuatro destacados abogados constitucionalistas, quienes abordaron los profundos alcances que estarán en juego a la hora de implementar la reforma constitucional comprometida por la actual administración. La forma en que ese proceso de reformas se lleva adelante así como las propias medidas que se pretende impulsar, en especial las de alcance económico, prometen ser elementos que introducirán ruidos adicionales al ya agitado clima institucional y económico que muchos ven hoy en el país.
En efecto, ya sea por si la promulgación de una nueva constitución se hará dentro de los cauces constitucionales, como por el debate de fondo que promete tensionar dos modelos de sociedad (al privilegiar un estado social de derechos sobre el estado subsidiario), lo que copará la agenda de los próximos meses, en especial en 2015, captará la atención e impactará las expectativas de los agentes económicos, quienes con este tema verán en juego cuestiones sustantivas del actual orden de cosas.
En este proceso sin duda que resultará central un tema de discusión ya instalado por las actuales autoridades, a saber cuán afectado se puede ver el derecho de propiedad con el reforzamiento de los derechos sociales y el fortalecimiento del Estado. Lo anterior, porque el derecho de propiedad y a la herencia, la propiedad de los medios de comunicación y el nivel en que se radicará la autonomía del Banco Central son algunos de los tópicos que el programa de gobierno se ha propuesto abodar, temas todos de gran alcance.
