Editorial

Conaf: ¿pública o privada?

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Los incendios que han afectado al país en estos días han levantado una serie de críticas respecto de la diligencia en el actuar de las autoridades. Entre otros, han surgido cuestionamientos a la Conaf, específicamente a su particular condición institucional. Si bien ello no tiene necesariamente sentido a la hora de evaluar su gestión, sí da cuenta de una realidad que debió ser corregida hace ya bastante tiempo.

La Corporación Nacional Forestal fue creada en 1970 por la Corfo, como una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro. Desde entonces ha habido una serie de intentos por cambiar su estructura institucional, pero ha faltado voluntad política.

En efecto, ya en 1984 fue creada por ley la “Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Renovables” como institución autónoma del Estado, destinada a remplazar a la Conaf. Sin embargo, esta ley no entró en vigencia pues nunca se publicó el decreto supremo que declaraba disuelta la corporación de derecho privado.

En 2011 el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley que tenía por objeto otorgar a la Conaf una institucionalidad de derecho público, pero éste fue rechazado por el Senado en su discusión en general y la actual administración no ha incluido esta materia entre sus prioridades.

Es así como la entidad sigue siendo un órgano privado, pero que ejerce potestades públicas -con atribuciones fiscalizadoras y administrativas- lo que contraviene expresamente nuestro ordenamiento jurídico.

Una ley ciertamente no va a mejorar el desempeño de la Conaf, pero quizás sea esta la oportunidad para darle la estructura que corresponde.

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