Editorial

Chile ante el Ciadi

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Hace poco más de dos semanas, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló a favor de Chile en la demanda interpuesta por los controladores de la empresa colombiana Alsacia y Express, exoperadores del Transantiago. La parte querellante estimaba que debía sea compensada por el Estado chileno en US$ 354 millones, ya que éste le había ocasionado pérdidas al no proveer la infraestructura planificada y no poner coto a la evasión en el pago del pasaje, entre otras cosas.

El tribunal, en cambio, estimó que Chile no había incumplido sus obligaciones bajo el tratado de libre comercio con Colombia ni tampoco transgredido el derecho internacional. Como consignamos en un nota publicada ayer, este es la tercera de cuatro demandas que han sido presentadas contra Chile en el Ciadi en la que el fallo es favorable a nuestro país. Si bien ello no sienta un precedente legal, sí representa un antecedente valioso de cara a otras discusiones actualmente abiertas, como la aprobación del tratado con el Asia Pacífico conocido como TPP11.

Como recalcó el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, el veredicto del Ciadi confirma que “los tratados de libre comercio dan certeza al marco jurídico de la inversión extranjera, pero también salvaguardan la autonomía regulatoria del Estado, permitiéndole llevar a cabo sus funciones regulatorias y de política pública sin interferencias”.

Justamente esto último ha sido esgrimido por los detractores del TPP11 como razón para rechazar el acuerdo: que inversionistas extranjeros podrían demandar al Estado chileno si éste toma decisiones o dicta leyes que afecten sus intereses. Que los inversionistas foráneos cuenten con debidas garantías bajo los tratados comerciales que firma Chile con sus países es imprescindible, pero eso no puede significar que el Estado chileno quede inevitablemente expuesto a perder demandas arbitrarias o improcedentes. De otra forma, la integración y el comercio internacionales no serían las fuentes de riqueza para nuestro país que han sido durante las últimas cuatro décadas.

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