Certezas e inversión
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El Presidente Gabriel Boric y parte de su gabinete está en una visita a Canadá y Estados Unidos en el marco de una serie de reuniones multilaterales. En esta edición y las de días pasados, el Diario Financiero ha cubierto las actividades y declaraciones del primer mandatario. Junto con asegurar que las reformas se harán con responsabilidad fiscal, agregó que “nuestro país tiene el ambiente propicio para promover prosperidad en los negocio y convertirse en un hub para la innovación verde en América Latina y el mundo”.
Es importante que los nuevos gobernantes enfaticen a nivel interno y externo la necesidad de inversión para alcanzar los niveles de desarrollo que el país requiere. Dicho eso y más allá del valor de esas palabras, es iluso pensar que el mundo de los negocios funcione en base a declaraciones y en los meses siguientes esperarán del gobierno más que señales, hechos.
Viene el tiempo de asumir que, para mejorar la productividad y la inversión, es clave priorizar las certezas jurídicas, la fortaleza de las instituciones y la vocación de crecimiento de décadas anteriores.
Algunos de ellos serán el diseño final de la reforma tributaria, la propuesta de Presupuesto de la Nación para 2021 y el proyecto de pensiones. Eso en lo que tiene que ver con el Ejecutivo y el Legislativo, pero además está, incluso más fuerte que lo anterior, las definiciones constitucionales que se zanjarán en el plebiscito de septiembre. Las normas transitorias y el contenido que se le va dando a las decenas de leyes que deberán implementarse de ganar el Apruebo son claves.
El asunto es urgente, de acuerdo a lo proyectado por el IPOM del Banco Central ayer: las perspectivas para la formación bruta de capital fijo -indicador de lo que ocurrirá con la inversión- sufrieron un deterioro para este año. El instituto emisor asumió una mayor caída que en marzo -ahora es de 4,8% frente al 3,8% previo-, mientras que para el siguiente ejercicio el descenso sería de -2,2% frente al -0,2% anterior.
Por eso, ahora viene el tiempo de asumir que para mejorar la productividad y la inversión, ambas metas declaradas del gobierno en diferentes instancias, es clave priorizar las certezas jurídicas, la fortaleza de las instituciones y la vocación de crecimiento de décadas anteriores.
