Hay versiones que sostienen que la reforma tributaria que viene proponiendo la presidenta electa Michelle Bachelet pudiera ingresar en marzo al Congreso Nacional. Consabido es que la Nueva Mayoría tiene, en principio, los votos necesarios para aprobar la referida reforma, pero ello no implica que los parlamentarios de ese sector no tengan legítimas inquietudes sobre el efecto de la reforma en las Pymes, en la inversión y el crecimiento, y que no quieran levantar otros temas que, según se conoce, no forman parte del paquete tributario original propuesto por la presidenta electa.
Si son ciertos los trascendidos, los nuevos plazos que se estarían manejando no dejarían mucho espacio para que las nuevas autoridades discutan el borrador de la reforma, cuyos detalles son cruciales y a la fecha desconocidos, con sus parlamentarios.
Sin perjuicio de esta dificultad, resulta a todas luces en un despropósito que, por la premura, no sean convocados por las nuevas autoridades el sector empresarial, las Pymes, y los expertos a discutir sobre la reforma. No se trata de cambiar los énfasis si así no se estima, sino de generar los espacios previos al debate en el Congreso que contribuyan a perfeccionar el anteproyecto o a reflexionar más a fondo sobre algunos de sus contenidos y su impacto.
Más allá que la discusión misma deba llevarse a cabo en el Congreso Nacional, resulta que el despacho de las iniciativas en el parlamento puede resultar más rápido que lo que la profundidad de ciertos proyectos de ley aconsejaría. Por ello es que en un proyecto de esta magnitud sería más que deseable que las nuevas autoridades manifestaren mayor voluntad de diálogo y entendimiento, cuestión que estos nuevos plazos, de concretarse, parecieran cerrar.