Caso Convenios y cambio de agenda

El llamado caso Convenios sigue sumando hitos preocupantes, además de creciendo en magnitud. Al caso inicial de la Fundación Democracia Viva en Antofagasta se han añadido decenas de otras organizaciones de la sociedad civil -muchas de reciente cuño, creadas en los últimos dos años- en prácticamente todas las regiones del país, que están siendo investigadas por presuntos traspasos irregulares de fondos públicos desde distintas reparticiones. Al momento, los recursos involucrados en las diversas causas rondan los 15 mil millones de pesos, pero las pesquisas de la Brigada de Delitos Económicos y de la Brigada Anticorrupción de la PDI, aún en etapas preliminares, bien podrían revelar nuevos casos que eleven ese monto.

Este escándalo es una oportunidad de cambiar el foco del Gobierno hacia otras áreas de gobernanza con muchas urgencias.

El ministro de Justicia ya ha reconocido abiertamente que hay “casos derechamente que tienen que ser calificados como corrupción”, entre ellos el de Democracia Viva. Por su parte, la abogada que se querella en esa causa en representación de Revolución Democrática -el partido donde militan casi la totalidad de los involucrados- dijo ayer que ese partido estimaba que la diputada Catalina Pérez (cuya militancia fue suspendida) “vulneró la probidad”, justamente un tema del cual ella había sido abanderada. Otros militantes vinculados a ella en este caso han sido expulsados.

Ellos y otras personas vinculadas a las muchas investigaciones abiertas en el caso Convenios están siendo investigadas por la justicia, por lo que aun no cabe presumir responsabilidades penales. Pero el propio Gobierno ha admitido que, al menos, existen claras faltas a la ética que representan un duro golpe para una administración que había prometido nuevos estándares en la política y el fin de privilegios económicos para personas con conexiones políticas.

Este mal uso de recursos públicos, con visos de ilegalidad, pone en entredicho parte importante de la agenda del Gobierno centrada en allegar más dineros al Estado. Junto con hacer efectivas las responsabilidades políticas que correspondan -lo que hasta ahora no ha ocurrido-, lo anterior ofrece la oportunidad de impulsar cambios necesarios en otras áreas de gobernanza, como educación, seguridad, migración, empleo y salud, entre otras, donde las urgencias son muchas.