Caso Convenios, impuestos y confianza ciudadana
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El llamado Caso Convenios (o Fundaciones) -donde decenas de organizaciones sin fines de lucro son investigadas por participar en aparentes esquemas fraudulentos de obtención y uso de recursos públicos- involucra un potencial costo de miles de millones de pesos. Ello, además de un costo fiscal especialmente oneroso en un escenario de estrechez económica a corto y mediano plazo, ha sido un duro golpe a la confianza ciudadana, desde una perspectiva tanto política como institucional.
En lo político, como han señalado diversos analistas, el caso echa por tierra la pretensión de superioridad moral que figuras importantes del Gobierno y el oficialismo (se puede hablar incluso de una “generación”) han expresado públicamente en respaldo de la actual administración. En lo institucional, porque pone en entredicho la capacidad del Estado para prevenir y, eventualmente, descubrir y sancionar prácticas predatorias para el erario.
El Estado debe hacer un mucho mayor esfuerzo de eficiencia y rendición de cuentas antes que insistir en recaudar más impuestos.
Lo único que justifica que el Estado cobre impuestos a los ciudadanos es la presunción del correcto uso de esos recursos para el bien común, según criterios de eficiencia y rentabilidad social. El caso Convenios, justamente, pone en duda esa presunción, y por esa vía al menos en cierta medida debilita la credibilidad y autoridad del Estado para exigir el pago de tributos.
El Consejo Fiscal Autónomo remarcó ese punto en su informe ante la comisión especial mixta de Presupuestos: “Cuando los ciudadanos pierden confianza en la correcta gestión de los recursos públicos, esta moral (tributaria) se erosiona, y podría implicar una menor disposición de la ciudadanía y de distintos sectores políticos para avanzar en un pacto fiscal”, dijo su presidente.
Si a esto se agrega la pobre calidad de servicios públicos como salud, educación y seguridad, pierde fuerza el argumento de que el Estado necesita más recursos para hacer frente a las necesidades sociales. Esto responde esencialmente a un enfoque distributivo, antes que procrecimiento, de la política tributaria.
Antes que insistir en la defensa de una mayor recaudación, el Estado debe hacer un mucho mayor esfuerzo de eficiencia y rendición de cuentas, lo que bien podría plantearse en el marco del Pacto Fiscal.
