Cambio en proyecto sobre “permisología”

El hecho de que Chile esté entre los países con procesos regulatorios más complejos y engorrosos de la OCDE está al centro de la (tardía) preocupación por la “permisología”, y motivó el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que actualmente discute el Congreso. Que los proyectos de inversión puedan requerir la obtención de centenares de permisos ante múltiples organismos y años de trámites para llegar a puerto, impone altos costos que impactan el emprendimiento, el empleo, la productividad y, por supuesto, la disposición a invertir en el país.

Se trata de una flexibilización de la idea original, y en este sentido es valorable si contribuye a viabilizar el avance de la iniciativa en el Congreso.

Originalmente, la propuesta legislativa del Gobierno planteaba crear un servicio público para coordinar y orientar a los distintos organismos en el cumplimiento de las normas de tramitación, así como en el constante perfeccionamiento del marco normativo. Esta entidad se relacionaría con la Presidencia de la República a través del Ministerio de Economía. Si bien el Ejecutivo lo explicaba como una forma de dar expresión institucional al mencionado proyecto de ley, la idea de enfrentar el exceso de permisos creando más burocracia estatal parecía en cierta medida contraintuitiva, y por esto era resistida en la oposición.

En aras de facilitar la tramitación del proyecto, el ministro de Economía ha planteado a los parlamentarios descartar la creación de un nuevo servicio público y, en su lugar, fortalecer “una o más reparticiones afines ya existentes”. En principio, se trata de una flexibilización de la idea original que trae ventajas tanto técnicas como políticas, y en este sentido es valorable que contribuya a viabilizar el avance del proyecto de ley.

Aun así, como han planteado parlamentarios, hay espacio para mayores eficiencias en costos y otras medidas que perfeccionen la iniciativa y mejoren las posibilidades de que logre resultados. Esto, sin embargo, no debe ser motivo para que su tramitación se dilate. Justamente, el sentido de urgencia que existe ante este problema eleva las probabilidades de empezar a resolverlo.