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Alto contrastePor voto unánime de los 101 diputados presentes, se aprobó en general el proyecto de ley que crea el “aporte permanente de marzo”, parte de las 50 medidas prioritarias de la nueva administración. Así se instalaría un aporte de $ 40 mil por carga para familias vulnerables o de clase media durante marzo de cada año.
Si bien es indudable que un aporte durante un mes lleno de gastos como marzo es una ayuda para los hogares de menores ingresos, no se debe olvidar que todo desembolso del erario público debe juzgarse desde el uso alternativo de los recursos, es decir si es la mejor forma de ayudar a quienes más lo necesitan. Así, es importante recordar que el costo de este bono sería de US$ 285 millones, muy cerca de los escasos US$ 300 millones destinados anualmente a capacitación laboral, política que si bien no tiene efectos inmediatos, sí ataca el problema de fondo de la pobreza. Otros programas alternativos como el Ingreso Ético Familiar entregan herramientas y apoyo integral a las familias para que sean capaces de superar la condición de pobreza por sus propios medios, promoviendo el empleo y la obtención de mejores ingresos, cosa que un bono, simplemente no hace. Más aún, resulta muy difícil evaluar el gasto en bonos, a diferencia de los recursos destinados a otros programas sociales que sí poseen objetivos claros y resultados cuantificables.
Desde el punto de vista macroeconómico, si se entrara de lleno en un ciclo recesivo podría resultar recomendable una política fiscal expansiva, con elementos como subsidios al empleo (o menos recomendables como bonos). Pero la economía es cíclica y a futuro podríamos volver a situaciones de exceso de gasto, donde un bono anual atado por ley, podría terminar avivando las presiones inflacionarias.
