Aumento del sueldo mínimo
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Luego de arduas negociaciones, el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) llegaron un acuerdo para subir el sueldo mínimo mensual a $ 400 mil. Este aumento de $ 50 mil se realizaría en forma escalonada, y se acordó también que, en caso de que la inflación a diciembre supere el 7%, en enero de 2023 se procedería a incrementar la remuneración mínima a $ 410 mil. Tomando en cuenta que en enero el sueldo mínimo ya se ajustó en $ 13 mil, el acuerdo recién anunciado significa, en definitiva, un incremento de 18,7% respecto del valor que regía el año pasado.
Hay que ser cuidadosos con el efecto en el empleo a mediano plazo, dado que el 70% de las empresas que pagan sueldo mínimo son PYME.
En opinión del ministro de Hacienda, este aumento “no es un cambio demasiado radical para los empleadores, pero sí, por supuesto, es importante para los trabajadores”. No cabe duda de que este acuerdo representa un beneficio evidente para los trabajadores en el corto plazo, pero se debe ser cuidadoso en la evaluación de su efecto en el empleo a mediano plazo, tomando en cuenta que el 70% de las empresas que pagan el sueldo mínimo son PYME, las cuales generan algo más que la mitad del empleo total en el país, y para ellas este aumento no es un asunto trivial.
De hecho, dirigentes gremiales de asociaciones de empresas de menor tamaño han hecho ver su molestia por este acuerdo, dada la difícil situación financiera por la que atraviesan muchas de ellas, y más aun considerando la desaceleración económica ya en marcha, que se va a acentuar en los próximos trimestres. El Gobierno está consciente del problema, toda vez que ha señalado que habrá apoyo para las PYME que se vean afectadas, mediante un mecanismo que abordará hoy con entidades gremiales y que presentará el viernes en el Congreso.
Con todo, sería conveniente trasladar el foco de la discusión desde el salario mínimo al concepto de ingreso mínimo garantizado. De esta forma, sería la sociedad como un todo la que se hace cargo del problema y no solo los empleadores, que en este caso corresponden en gran medida a empresas de menor tamaño, que podrían verse dificultadas para sostener los puestos de trabajo bajo las nuevas condiciones, fomentándose así una mayor informalidad.