La Sala de la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley que regula el lobby y las gestiones que representen los intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, con lo que esta iniciativa que permite mejorar la confianza en las instituciones públicas, la calidad de la política y de la transparencia ha quedado lista para convertirse en ley, una vez que sea revisada por el Tribunal Constitucional.
Entre otras disposiciones, el proyecto establece que determinadas autoridades o funcionarios deberán registrar y poner a disposición del público en sus sitios web de transparencia activa, la información de las audiencias y reuniones sostenidas con las personas que realicen lobby y gestionen intereses particulares. Asimismo, establece la obligación de publicar los viajes realizados, su costo total y la persona jurídica o natural que lo financió, y la información completa sobre los donativos oficiales y protocolares que dichas autoridades o funcionarios reciban.
La iniciativa también contempla sanciones para las autoridades o funcionarios que no registren la información a que están obligados o que lo hagan de manera inexacta o falsa. Entre otras materias, establece una sanción penal a las personas que soliciten reunión o audiencia y omitan información de modo inexcusable o que a sabiendas entreguen información inexacta o falsa.
Se trata por cierto de un proyecto histórico y clave para perfeccionar la probidad y la transparencia en Chile -va a permitir que todos los chilenos estén informados de quiénes realizan actividades de lobby-, y así se apresta a convertirse en una realidad después de una década de debate sobre la actividad del lobby en nuestro país.