Tras más de cuatro meses de discusión parlamentaria finalmente a nivel de comisión mixta se arribó a un acuerdo para aprobar en las salas del Senado y la Cámara una reforma tributaria que permitirá allegar al Estado unos US$ 1.000 millones netos, recursos que contribuirán a solventar las necesidades que han surgido de las últimas modificaciones en educación.
A diferencia de otras discusiones tributarias, la de esta vez se desarrolló con niveles de fricción y desencuentro pocas veces visto y además estuvo sometida a una extraordinaria presión pública, siendo sus detalles y alcances parte de la agenda de grupos sociales movilizados, cuyos líderes han restado apoyo al acuerdo alcanzado.
Ambas situaciones, oposición disconforme y clima social agitado, anticipan, como de hecho lo han ratificado parlamentarios de la Concertación, que el año de elecciones 2013 estará cruzado por el tema tributario, corriéndose el riesgo que un tema tan sensible entre de lleno en el juego político de las ofertas electorales.
Este anticipo resulta aún más delicado si se considera que en los últimos meses se observó que el debate en esta materia ha adquirido niveles de simplismo alarmantes, en donde se ha llegado a afirmar que la única reforma tributaria que sirve es la que eleva impuestos, independiente de sus alcances de largo plazo en materia de recaudación, confianza en los inversionistas, empleo y actividad económica. Es de esperar que estas ideas, más allá de que efectivamente se pruebe que es necesaria una mayor recaudación, no se asuman como verdad absoluta y que el debate que pueda haber sea técnico y responsable.