Acuerdo constitucional: espacio para el optimismo

El proceso político y social que condujo a la elección de la Convención Constitucional (CC) en 2020 y la consiguiente composición de ese órgano hicieron casi inevitable, visto en retrospectiva, que aquella llevara a cabo su tarea en un ambiente poco favorable a la discusión ponderada, al respeto a la opinión de la minoría e incluso al acatamiento de sus propias reglas.

El resultado fue una propuesta ideologizada y refundacional que los chilenos terminaron rechazando por una amplia mayoría el 4 de septiembre pasado. La experiencia -muy costosa, por cierto- dejó un mal recuerdo en los ciudadanos.

No hay garantías, pero el mecanismo parece más conducente al debate ponderado y técnicamente informado de lo que mostró la Convención.

Ese rotundo fracaso, como lo calificó este diario, no significó abandonar el propósito de lograr una nueva y mejor Constitución, socialmente legitimada, en un segundo proceso constitucional que, necesariamente, debía ser muy distinto, incluso lo opuesto, al anterior. La forma en que los partidos políticos y el Congreso abordaron esa tarea en los tres meses siguientes al plebiscito de salida admite muchas críticas, pero finalmente esta semana han anunciado un acuerdo para avanzar que, en el nivel conceptual que por ahora conocemos, parece no repetir los errores de la primera experiencia y, por ende, ofrecer mayores posibilidades de éxito.

El nuevo Consejo Constitucional que remplazará a la CC tendrá 50 miembros, no 154; y si bien todos ellos serán elegidos en sufragio universal, estarán acompañados por un Comité de Expertos seleccionado por el Congreso (12 por la Cámara y 12 por el Senado); adicionalmente, un Comité Técnico de Admisibilidad conformado por 14 juristas (también nombrados por el Legislativo) funcionará como instancia de revisión. El plazo de trabajo también será más acotado que el de la CC: seis meses en lugar de un año.

Desde luego, no existen garantías, pero este mecanismo parece más conducente a la deliberación ponderada y técnicamente informada propia de un proceso constitucional que lo que se vio en 2021 y 2022. Eso es una buena noticia que deberían recibir con optimismo quienes aspiran a que el resultado sea, no una total refundación del sistema político y el orden económico del país, sino a un texto constitucional que perfeccione el actual allí donde lo necesite, que interprete a la mayoría de los chilenos y que refleje la continuidad de nuestra historia republicana, no su quiebre.