40 horas: seguimiento y evaluación

La amplia y consensuada aprobación del proyecto que rebaja gradualmente la semana laboral de 45 a 40 horas fue fruto de un acuerdo entre una gama de actores de distintos signos políticos y ámbitos de representación (empleadores, trabajadores, organismos internacionales, academia, entre otros). Ello permitió introducir a la idea original flexibilidad (adecuando la jornada mediante pactos entre las partes), así como la posibilidad de reconocer en la normativa distintas realidades laborales, las cuales sanamente coexisten en un muy diverso mercado laboral.

El resultado final nos invita a reconocer la importancia de acuerdos donde todos los actores estén representados, pero también donde naturalmente todas las partes deban ceder. Eso invita a reflexionar sobre cómo replicar este resultado en otras materias donde hoy existen posiciones encontradas, tales como seguridad, pensiones, impuestos o salud.

La nueva normativa levanta varias alertas que no se deben pasar por alto y que exigen un minucioso y transparente trabajo de seguimiento y evaluación.

Con todo, la nueva normativa levanta varias alertas que no se deben pasar por alto. Esta es una ley que, para alcanzar sus objetivos, requiere estar acompañada de una agresiva agenda de productividad que aún está ausente. Por ello, a pesar de su implementación gradual, está en duda el efecto en el empleo formal que la ley traerá, por ejemplo, en trabajadores menos productivos que podrían perder su fuente de empleo.

También genera dudas el efecto que podría tener en las PYME, que si bien serían acompañadas por la Dirección del Trabajo y el Sence en la implementación de la ley, podrían ver encarecidos sus costos de contratación y, con ello, tomar la decisión de eliminar valiosos puestos de trabajo.

Así, resulta evidente que el esfuerzo no se agota con la aprobación de la ley, sino que se debe realizar un minucioso y transparente trabajo de seguimiento y evaluación de ella, ojalá por un ente autónomo del gobierno de turno, por ejemplo, la Comisión Nacional Asesora de Evaluación y Productividad.

El resultado de este esfuerzo debiese ser público, entregando a los tomadores de decisión recomendaciones de cambios y mejoras que resulten pertinentes, y que permitan asegurar que la nueva ley avance hacia el objetivo original: que la reducción de la jornada se traduzca en una mejora en la calidad de vida de los trabajadores.