PGU y la displicencia del Gobierno

Karol Fernández

La ley que creó la Pensión Garantizada Universal (PGU) establece que se otorgará a todos los mayores de 65 años que no formen parte del 10% de mayores ingresos. La CELADE estima que en 2022 en Chile existen 2.554.582 personas sobre los 65 años, por lo que el 90% de esa población es 2.299.124, cifra que debiese ser el total de adultos mayores que sean beneficiarios de la PGU.

En diciembre de 2021 ya eran beneficiarios del sistema de pensiones solidarias alrededor de 1.700.000 personas, quienes automáticamente comenzaron a recibir la PGU en marzo pasado, de modo que, aproximadamente, hay más de 600.000 personas que debiesen ser nuevos beneficiarios. Estas cifras con consistentes con lo dicho por el Gobierno anterior durante la discusión parlamentaria al momento de explicar la cantidad de beneficiarios que accederían a la PGU y consta claramente en la historia de la ley.

“¿Qué pasó con las 500 mil personas que continúan sin recibir la Pensión Garantizada Universal? Es medio millón de adultos mayores que en teoría tienen un beneficio en sus manos, pero no les está llegando”.

Sin embargo, según recientes declaraciones del director del IPS, Patricio Coronado, durante agosto se le pagó el beneficio únicamente a 60 mil personas y, en septiembre, se sumarán otras 23 mil. Agregando a las postulaciones recibidas en agosto, anticipa que unas 100 mil personas serían nuevas beneficiarias.

Entonces, ¿qué pasó con las otras 500 mil personas que continúan sin recibir el beneficio? Creo que hay dos posibles explicaciones.

Primero, que el test que está utilizando el Gobierno para excluir al 10% de mayores ingresos no es el apropiado. El 26 de julio pasado (tras más de cuatro meses desde que asumiera) el Ejecutivo dio a conocer la fórmula de cálculo para especificar quienes podrían acceder, siendo sólo una versión modificada de la antigua fórmula que se aplicaba para definir a los beneficiarios del pilar solidario, que eran el 60% más vulnerable.

Aunque a simple vista pareciera que una metodología que determina al 60% podría aplicarse para determinar al 90% más vulnerable, ello no es así. Determinar quiénes forman parte del 10% de mayores ingresos no puede basarse únicamente en una medición de ingresos del hogar, puesto que este grupo de la población se diferencia principalmente por su patrimonio. De igual forma, no parece sensato emplear los datos de la encuesta CASEN como insumo para definir el corte, puesto que las personas podrían, eventualmente, declarar menos ingresos, afectando así a la baja el umbral de este.

Segundo, una falta de información hacia los potenciales beneficiarios. El Gobierno ciertamente ha fallado en su tarea de realizar una campaña de difusión de la magnitud requerida para dar a conocer este beneficio al grupo de la población objetivo, a pesar de que el informe financiero de la ley destinó un presupuesto abultado para estos fines.

Es de esperar que sea cual sea la causa, el Gobierno tome cartas en el asunto y enmiende el rumbo, ya que son cientos de miles de adultos mayores que tienen un beneficio en sus manos, y no les está llegando. Si tanto se ha hablado de “mejorar las pensiones”, es necesario que existan señales hacia esa dirección, y esta, cómo no, sería una de ellas.