Vuelve el Estado empresario

SUSANA JIMÉNEZ SCHUSTER

El programa del Presidente electo considera la creación de nuevas empresas estatales. Se trata de un “revival” de épocas en que el Estado participó en múltiples actividades con bastante malos resultados. Esta aventura estatal-empresarial fue revertida por su ineficiencia y alto costo.

La Constitución actual puso límites a la creación de empresas públicas y reguló su actuar para competir con los privados. Todo indica que la Convención Constitucional lo modificará y el gobierno entrante reeditará el Estado empresario. En el programa se contempla la creación de la Empresa Nacional del Litio, una nueva fundición de cobre, una empresa de redes de telecomunicaciones, una empresa de administración de los fondos de pensiones, empresas públicas regionales de construcción sustentable, una empresa autónoma comercializadora de materiales de construcción y un laboratorio estatal para fabricar medicamentos y vacunas. Se suma la promoción de empresas municipales para la provisión de bienes o servicios como electricidad, agua e internet.

Existen serios reparos respecto del beneficio de crear empresas públicas en sectores productivos donde existe iniciativa y competencia privada. Por otra parte, hay empresas públicas que cumplen un rol insustituible. Como director de BancoEstado pudo constatar la relevancia de esta empresa pública que tiene presencia en todo el país y es la única alternativa para los habitantes de 139 comunas. Además, entrega a las personas un medio de pago de aceptación universal, abarcando a millones de chilenos y PYME que no tienen más alternativas en el mercado. A ello se suma una participación mayoritaria en el otorgamiento de créditos para la vivienda para quienes reciben subsidio habitacional, la entrega de financiamiento para estudios y el apoyo financiero a las microempresas, todos los segmentos poco atractivos para la banca comercial.

El vilipendiado rol subsidiario adquiere en este caso todo el sentido, puesto que la presencia estatal permite suplir la ausencia de otros prestadores de bienes y servicios que la ciudadanía requiere y lo hace sin generar pérdidas que deban pagar los contribuyentes.

¿Es posible replicar esto en otras empresas públicas? La historia y la realidad actual sugieren que sólo en el menor de los casos. Muchas empresas estatales terminan siendo un botín político, donde no hay suficiente control de gastos y tampoco se prestan servicios de calidad. Existe además una serie de empresas públicas cuyo rol social es altamente cuestionable. Es difícil justificar la actividad del Estado en sectores como los juegos de azar, correos, servicios sanitarios urbanos, extracción minera y servicios portuarios, siendo que sus pares privados o concesionados son tanto o más eficientes, y están sujetos a fiscalización y sanciones cuando el servicio es inadecuado, lo que no sucede cuando el prestador es estatal.

No hay ninguna razón tampoco para pensar que la participación del Estado genere un beneficio en los sectores priorizados por el gobierno entrante, existiendo en Chile empresas de presencia mundial con experiencia y escala no replicables por un ente público.

Pese a lo anterior, y dado que parece muy difícil frenar el ímpetu del Estado empresario, solo queda relevante la necesidad de garantizar en la nueva Constitución que, cuando el emprendimiento sea realizado por el Estado, éste se desarrolle en igualdad de condiciones con la iniciativa privada y que se mantenga la provisión mixta de bienes y servicios, dejando en manos del ciudadano la libertad de elegir.