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Alto contrasteLas telecomunicaciones marcan el ritmo del desarrollo en Latinoamérica y es clave definir políticas públicas que impulsen sus inversiones en un entorno de competencia y dinamismo tecnológico.
En Chile, el régimen presidencial de cuatro años impone el desafío de tener una visión de Estado para comprender que su desarrollo no se agota en un solo período. Que se necesitan planes sin populismos ni expectativas cortoplacistas.
Desde 2006 -apoyado en los avances logrados previamente- Chile inició una actualización regulatoria para superar la obsolescencia de la normativa sectorial. Ese período instaló una visión de Estado y puso en el debate los ejes de un cambio mayor, no pensando en las cintas que se podían cortar en cuatro años, sino en la herencia que se podía dejar al país. Evidentemente, como toda gestión, no estuvo exenta de errores.
Políticas como la portabilidad numérica, la regulación adecuada de Internet, la conectividad rural, la incorporación de Internet móvil, el despeje de espectro para 3G y 4G, las definiciones técnicas para TV digital, la ley de antenas celulares y otras materias, iniciaron su camino en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. No todas vieron la luz bajo ese mandato, pero sería miope no reconocer el valor de esa agenda modernizadora en el presente, porque el desarrollo de las telecomunicaciones supone cumplir etapas previas para avanzar en nuevas transformaciones.
Entre 2006-2009 los abonados móviles crecieron 50% y fuimos primeros en Latinoamérica en tener servicios 3G. Triplicamos las conexiones fijas a Internet y su velocidad promedio. El PIB acumulado sectorial creció 40% en el período -más del doble que la expansión del PIB nacional- con una baja real en los precios de los servicios.
El proyecto más ambicioso de conectividad rural que se ha implementado en Chile fue concebido, diseñado y adjudicado entre 2006-2009. Siempre tuvimos claro que se inauguraría en el gobierno siguiente y estamos orgullosos de su éxito.
La autoridad regulatoria actual ha continuado, profundizado y acelerado de forma exitosa el camino de modernización de las telecomunicaciones que venimos construyendo los últimos años, con una visión apoyada transversalmente en el Congreso.
Por eso, no se trata de competir por la autoría de los logros, sino de resaltar que es la continuidad de las políticas públicas lo que hace crecer a un país y alcanzar sus metas.
El futuro gobierno heredará lo avanzado en el actual y debe mirar el largo plazo, especialmente en la continuidad de la Agenda Digital 2013-2020, porque el mundo no se inventa cada cuatro años, menos en telecomunicaciones.
Hemos escuchado consultores que desinforman y quieren convencer a la opinión pública que todo lo bueno partió en 2010 y antes no se había hecho nada. Son juicios oportunistas que sólo buscan quedar bien con el gobierno de turno. Faltan a la verdad y son incapaces de interpretar el bien común en una democracia moderna, sustentada en políticas de largo plazo con visión de Estado.
