Un brote verde para la construcción

JOSÉ JOAQUÍN SILVA

La golpeada industria inmobiliaria y de la construcción recibirá por estos días una buena noticia: la publicación y entrada en vigencia de la ley de agilización de permisos de construcción. Si bien no será la solución inmediata a los multisectoriales problemas que enfrenta el sector, esta nueva ley es bienvenida por varias razones.

Primero, apunta hacia una disminución significativa en la carga de trabajo de las direcciones de obras municipales (DOM), ya que incorpora el mecanismo de declaraciones juradas para ciertos proyectos -a determinarse por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones- que no requerirán de permisos ni recepción de obra. Esta medida disminuiría entre 30 y 40% las solicitudes que hoy tramitan estas direcciones.

“Es de esperar que la Contraloría no vuelva a emitir dictámenes que amplíen las competencias de la DOM, lo que causó incerteza jurídica a los titulares de los permisos por casi dos décadas”.

En segundo lugar, los proyectos con carga ocupacional superior a mil personas tendrán un máximo de 60 días de tramitación de sus permisos (o 30 si es con revisor independiente). En los demás proyectos, lo plazos se reducen a la mitad. Para ambos casos, la ley introduce el silencio administrativo negativo. Con esto, vencido el plazo sin pronunciamiento de la DOM, los titulares tendrán la opción de reclamar inmediatamente al Seremi de Vivienda, de manera de impulsar la tramitación del permiso, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa correspondiente.

Destacamos además el esfuerzo que hace la ley -una vez más- por limitar la competencia de la DOM en el otorgamiento del permiso, en el sentido de restringirla únicamente al análisis del cumplimiento de la normativa urbanística, dejando los demás aspectos a la responsabilidad del propietario y de los profesionales competentes (arquitectos y revisores independientes en su caso). Es de esperar que la Contraloría no vuelva a emitir dictámenes discrepando de este criterio, en el sentido de ampliar las competencias de la DOM, lo cual causó tanta incerteza jurídica para los titulares de permisos por casi 2 décadas.

Se aprecia también la reducción de vías de impugnación administrativa y judicial contra los permisos -hoy más de 9-, incorporándose normas de publicidad para su notificación con efectos generales. Esto se busca corregir la situación actual de multiplicidad de recursos, plazos, sedes y potenciales reclamantes que hacen feble un permiso supuestamente amparado por principios de presunción de legalidad, confianza legítima, de permanencia de actos administrativos, buena fe y el derecho de propiedad.

Si bien la ley entrará en vigencia 45 días después de su publicación, varias de sus normas lo harán a los seis meses (ej. publicidad de permisos y nuevos procesos de reclamación) o hasta en un año, como en el caso de declaraciones juradas antes mencionadas.

Esperamos que esta normativa sirva para reactivar la construcción, tan fundamental para nuestro país y que junto con ella vean la luz también la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, al Consejo de Monumentos Nacionales y la ley marco de autorizaciones sectoriales.