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Alto contrasteTres claves aún pendientes en la reforma notarial
CARLOS ARANÍS OLIVARES Socio Peralta, Sandoval, Llaneza & Gutiérrez
La reciente aprobación por parte del Senado del proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial -y su envío a la Cámara de Diputados para su tercer trámite- representa un avance significativo hacia un sistema más transparente y justo. Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la intervención del Poder Judicial en el nombramiento de notarios, conservadores y archiveros, criticada por su discrecionalidad y falta de transparencia. Ahora, los nombramientos serán responsabilidad del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), sobre la base de méritos objetivos.
Este nuevo contexto implicará administrar concursos para nombrar un total de 516 nuevos cargos. El proceso de reclutamiento será diferente al usual, ya que debiera basarse en una prueba de conocimientos, que requiere garantías de confidencialidad y calidad. Además, si se aprueba la norma que permitirá a los notarios servir hasta los 75 años, se generará un número significativo de vacantes durante el primer año de implementación. Debido a la complejidad de administrar este proceso, se estima que los nuevos notarios comenzarían a nombrarse en 2026 o 2027.
“Preocupa la fiscalización de funciones. El proyecto mantiene la supervisión en el Poder Judicial. Sería más apropiada una superintendencia”.
Sin embargo, el proyecto no aborda adecuadamente los precios de los servicios notariales, que permanecen inalterados desde 1998 y carecen de transparencia. La ausencia de regulación en este ámbito es preocupante, ya que los valores actuales no reflejan las condiciones de competencia esperadas en un mercado de servicios esenciales para la comunidad. Es necesario y razonable crear un organismo independiente que fije y revise periódicamente los precios.
Por otro lado, la introducción de tecnologías para agilizar los trámites es un avance importante, aunque limitado. La posibilidad de realizar ciertos trámites sin presencia física, utilizando plataformas tecnológicas acreditadas, podría reducir significativamente los costos y tiempos de espera.
Además, la fiscalización de las funciones notariales sigue siendo un área de preocupación. El proyecto no introduce innovaciones, manteniendo la supervisión bajo el Poder Judicial, un organismo que carece de la capacidad para esta tarea. Sería más apropiado que un ente autónomo y especializado, como una superintendencia, asumiera esta responsabilidad, asegurando estándares de calidad y eficiencia en el servicio.
De esta forma, aunque el proyecto de ley representa un avance hacia un sistema registral y notarial más transparente y justo, es crucial que se aborden las deficiencias para evitar que las reformas queden a medio camino o se vuelvan obsoletas rápidamente. La implementación de un sistema de precios justo y transparente, junto con una fiscalización adecuada, son pasos necesarios para asegurar que el sistema cumpla con las expectativas de los ciudadanos y se adapte a las necesidades del siglo XXI.
