¿Libertad de financiar el mérito?

TOMÁS SÁNCHEZ

El sueldo de la exministra de Educación en la Universidad San Sebastián nos ha obligado a conversar sobre tres aspectos ineludibles: financiamiento de la política, mérito y libertad. Quienes defienden la legitimidad del acuerdo sitúan la libertad como eje de discusión, omitiendo su premisa básica: ella debe ejercerse dentro de los límites de la ley. En este caso, no estamos hablando de una ciudadana cualquiera llegando a un acuerdo con una institución privada, sino que de una política de vasta trayectoria con una universidad -sin fines de lucro- que recibe subsidios públicos, dado que sus alumnos estudian mayoritariamente con CAE.

Este caso es más delicado que lo burdo que se intenta presentar; aun así, subyace una pregunta fundamental ¿Es efectivamente un sueldo de mercado o es un pago debido a que es política? ¿Existe mérito en este acuerdo libre o libremente se está financiando la política, pasando a llevar la ley?

“En caso de que fuera un sueldo legítimo, queda una pregunta más compleja. ¿Puede una institución que recibe fondos o subsidios públicos gastarse los recursos cómo quiera? Mi respuesta sería, depende”. 

El asunto es delicado, pues la derecha siempre ha planteado el mérito como un valor central. Muchos estamos de acuerdo que una de las claves del éxito de EEUU es cómo se premia el emprendimiento, y la aspiración a ser exitoso es respaldada socialmente.

En la lógica del mérito y el mercado, las instituciones normalmente se jactan de sus principales contrataciones, es noticia el nombramiento de un nuevo decano o ejecutivo estrella y se discuten públicamente las transferencias valiosas. Este no fue el caso. Buena parte de la opinión pública no ve una destacada académica lograr un excelente acuerdo por su trayectoria dado que estaba negociando con otras universidades o empresas extranjeras, sino a una exministra entrar a trabajar a una universidad llena de políticos.

Por otro lado, la ley es clara al establecer cómo se pueden financiar los partidos en forma y montos. Si el sueldo está fuera de mercado, podría considerarse una boleta o contrato ideológicamente falso y ese camino ya lo conocemos. Nuevamente, se cae el discurso de probidad y se enfrentarían críticas similares a las que se le hicieron la Universidad Arcis y su relación con el PC.

Si es un sueldo legítimo, queda una pregunta más compleja. ¿Puede una institución que recibe fondos o subsidios públicos gastarse los recursos cómo quiera? Mi respuesta sería, depende. Si existen mecanismos que aseguren trato transparente y competitivo, sí. Es decir, una empresa constructora que acaba de ganar una licitación le puede pagar a sus empleados y proveedores lo que le parezca. Si ese proveedor del Estado recibe asignaciones directas sin licitaciones, no.

En este caso, el subsidio lo porta el alumno, pero el beneficio es compartido con la universidad. Entonces, el mecanismo de selección es el juicio del futuro estudiante. Dado que conocemos las asimetrías de información en el “mercado” universitario, existe una agencia que certifica la calidad, más no la empleabilidad de las carreras.

Raya para la suma, el asunto es complejo. La candidata a alcaldesa de Las Condes presenta un argumento que no parece plausible, y quienes la justifican, más bien buscan defender la libre contratación, pero no sus méritos. Por lo tanto, se trasforma en una disputa ideológica importante y legítima, pero con un escudero fácilmente cuestionable y, por lo mismo, el tiro parece estar saliendo por la culata.